¿Recordáis la noticia?
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gobierno-insta-ingenierias-publicas-ceder-mercado-privadas/20091026cdscdiemp_5/cdsemp/
He aquí un pequeño ensayo sobre las razones que han llevado a esta psicodélica situación, escrito ya hace bastante pero oculto hasta ahora:
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El Dr. Jaus presenta su nuevo ensayo clínico:
SIEMPRE ADITIVO, NUNCA SUBSTRACTIVO
o
LA MALDICIÓN DE LA PALABRA PROGRESO
o
POR FAVOR DEJEN DE TIRAR MI DINERO
El mundo es complicado.
No sabéis cuantísimo siento tener que daros esta mala noticia. Sé que todos nosotros aspiramos en algún momento a una vida simple, un trabajo honrado, tiempo libre para el ocio y poco más. A vivir y dejar vivir.
Siento comunicaros que esa opción sencillamente no existe. Lo que más se le parece es cerrar los ojos a la realidad, simplificarlo todo, generalizar abusivamente, copiar los prejuicios de tu vecino, no pensar, no fijarse y no hacerse preguntas. Quien opte por esa opción, y que conste que me parece una opción tan respetable como cualquier otra, no hace falta que siga leyendo. Son 11 páginas, así que podría entenderlo.
Trataré ahora de explicar una serie de conceptos que, pese a lo que podáis creer, van a influir en el trabajo de cada uno, y por tanto, la vida de cada uno. Las cosas que afectan nuestra vida tienden a ser interesantes, ¿no?
Empecemos por lo básico y por lo que todo el mundo sabe (o debería de saber). En España hay dos tipos de empresa: empresa pública y empresa privada.
Vale, vamos mal. Éste es un perfecto ejemplo de mal comienzo provocado por las prisas.
Tenemos que ir aún más atrás, hacia lo aún más básico. Empecemos de nuevo: en España tenemos tres “mundos” laborales distintos:
• La función pública (funcionarios, interinos, profesores...). Trabajan para el estado. Entran por oposición o por concurso-oposición (un día hablaremos de eso). Cobran del estado y su trabajo consiste en ofrecer servicios a la ciudadanía.
• La empresa. La empresa tiene dos partes: unos propietarios y unos trabajadores. A veces alguna persona puede ser ambas cosas, pero lo corriente en una S.A. es que no haya ninguna relación entre unos y otros. Cuando hablemos aquí de empresa hablaremos de S.A. porque ese el tipo de empresa en el que estamos. En principio (luego veremos excepciones) una empresa se funda porque los accionistas, es decir, los propietarios, desean ganar dinero.
• El autónomo. Él es su propia empresa, su propietario y su empleado. Hoy no toca hablar de él.
Las empresas y los autónomos desean ganar dinero. Bueno, precisemos eso. TODO el mundo desea ganar dinero, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Un trabajador “corriente”, uno que trabaje asalariado en una empresa, ofrece un trabajo y a cambio recibe un salario, y de esa manera obtiene los ingresos que necesita. Un accionista posee dinero previamente (no vamos a preguntarnos aquí porqué) y desea aumentarlo por medio de inversiones. Una posible inversión es una empresa. El trabajador consigue dinero a cambio de trabajo, el accionista consigue dinero a base de invertir su capital con un cierto riesgo.
En un mundo perfecto, este sistema sería válido, sería suficiente. ¿No? Los empresarios dan dinero a los trabajadores por su trabajo, éstos hacen ganar dinero al empresario, y todos pagan impuestos al estado. Y el estado paga a funcionarios para que den servicios públicos a todos.
Para este texto, vamos a partir de la hipótesis de que el esquema así descrito podría funcionar realmente (para lo cual nos deberíamos preguntar cómo es el que dinero parece que se forme espontáneamente, pero esa es otra historia y será narrada en otra ocasión).
Pero, pero, pero... oh, sorpresa, como seguramente ya esperabais que os anunciara, el mundo no es perfecto.
La función pública desde su inicio empezó a tener serios problemas. Supongamos que llamamos democracia al hecho de que cabe la posibilidad de que el gobierno cambie cada cuatro años, habitualmente de entre dos posibles opciones. Bajo este supuesto, aquí estaríamos en democracia. Los gobiernos, por tanto, alternan, y cada uno tiene cierto estilo o manera de hacer las cosas, de acuerdo con su agenda ideológica del momento. Los medios de que disponen los gobiernos para hacer las cosas que hacen son los trabajadores de la función pública, o sea, los funcionarios.
Los funcionarios son personas y las personas tienen tendencia a alinearse en grupos de opinión (mayormente clubes de fútbol, estilos musicales y partidos políticos). Una práctica poco respetable de los primeros gobiernos democráticos era, que cada vez que había una alternancia en el partido en el poder, se despedía a todos los simpatizantes del partido anterior y se sustituían por simpatizantes del nuevo. Como previamente el partido anterior había hecho lo mismo, cada vez que cambiaba el partido en el poder había una sustitución prácticamente completa.
Claro... eso tenía sus problemas. Con tanto cambio, las cosas no salían, incluso con buena intención. Con mala intención, que era lo más corriente, la persona a la que echaban no le facilitaba precisamente la transición al nuevo que entraba, más bien quemaba los documentos y escondía las llaves.
A alguien se le ocurrió una posible solución para solucionar este problema: los funcionarios no pueden despedirse.
Uno se preguntará porqué se adoptó una medida tan radical. Podría pensarse que es más lógico que no se puedan despedir “porque sí”, pero que hay que permitirlo en casos justificados. Supongo que la explicación es que, en el momento en que se establecen criterios para el despido, sean cuales sean, se crea la oportunidad de manipular los hechos para justificar lo que en principio no se puede justificar. Como todos los partidos políticos no se fiarían de que los demás no usaran esos métodos (ya que ellos mismo los usarían llegado el caso) se acordó la prohibición simple y llana. Yo no te fastidio a ti si tú no me fastidias a mí.
En este punto diréis algunos que esto es mentira, que sí que se puede despedir a un funcionario, que por Dios qué cosas digo. Bueno, sobre el papel, quizá, pero aquí os tengo que revelar una nueva verdad sobre el mundo: no todas las normas están escritas. Si tenéis dudas, buscad casos concretos de funcionarios despedidos, a ver cuantos encontráis.
Más verdades sobre el ser humano: si una persona cobra x por trabajar, pero también cobra x por no trabajar (¡no le pueden despedir!), tiende a NO trabajar. Que quede claro que esto no es un defecto del funcionario sino del ser humano en general. Y que, por supuesto, hay excepciones. Por eso he dicho que “tiende” y no que “implica”.
Un inciso: Generalizar siempre tiene el problema de las excepciones. Pero generalizar es útil: quizá no todas y cada una de las abejas de una colmena piquen, pero la frase “las abejas pican” me parece una generalización bastante útil que me indica que va a ser mejor que no meta el brazo hasta el hombro en el panal.
Así que cada vez atribuya a “las empresas”, “los funcionarios”, “las personas”, etc... alguna característica, o diga que hacen o dicen algo, no quiero decir “todas las empresas”, “todos los funcionarios” ni “todas las personas”. Ni siquiera quiero decir “la mayoría de las empresas”, ni “la mayoría de los funcionarios”, ni “la mayoría de las personas”. Lo que quiero decir es algo así como “un número de empresas (funcionarios, personas...) suficiente como para sea significativo el siguiente efecto que ahora paso a describir”.
Vuelvo al ejemplo de las abejas; la frase “las abejas pican” no quiere decir que el 100% de las abejas piquen, ni tampoco necesariamente que hay más abejas que piquen que abejas que no. Lo que quiere decir es que “hay un número suficiente de abejas que pican como para que el miedo a ser picado sea un miedo razonable con un efecto mensurable”. Como esto es muy largo, en este texto diré “las abejas pican”, esperando que ninguna abeja se ofenda, ahora que he explicado qué quiero decir cuando generalizo.
Bien, hemos llegado a una función pública con una tendencia a no trabajar o a trabajar menos que si su sueldo dependiera de ello. Como es de esperar, llegamos a una administración ineficiente. Los gobiernos tienen que hacer sus cosas, para eso se supone que están ahí, pero se encuentran con que las personas que tienen que desarrollar en la práctica sus decisiones no siempre responden con la prontitud deseada. A veces porque ese es el hábito que han adquirido, a veces porque no son simpatizantes del partido que está en el poder e intentan sabotear en la medida de sus posibilidades estas decisiones.
En política, y esto es otra gran verdad que quiero dar a conocer al mundo, y el motivo del título de este ensayo, nunca se soluciona un problema corrigiendo el error de base que lo ocasionó, sino añadiendo algún tipo de parche para solucionar sus síntomas más graves. Leed nuevamente la frase porque quiero que la entendáis bien y la recordéis siempre:
“En Política, nunca se soluciona un problema corrigiendo el error de base que lo ocasionó.”
La explicación de porque sucede esto es discutible, pero en mi opinión es que el añadir leyes, el añadir normas, el añadir excepciones, la adición, en suma, se interpreta desde la población general como un “progreso”, mientras que la vuelta a un estado anterior se interpreta como un “retroceso”. Los conceptos subjetivos de “avance”, “progreso”, “evolución”, “futuro”, “ir hacia delante” son los preferidos para las campañas políticas ya que también son los favoritos de la gente. Un partido que promulgara que su intención es volver al mismo estado en el que se estaba hace ocho años sería difícil que ganara unas elecciones, a pesar de que quizá esa opción pudiera ser la mejor de las posibles en ese momento. Es irracional, pero es. Este tema merece ser tratado con más profundidad en ulteriores análisis.
Aparte de la explicación sociológica anterior, cuando el mismo gobierno que generó un problema es el mismo que intenta resolverlo, el poner parches tiene la ventaja de que el gobierno en cuestión se libra de tener que reconocer un error en su propia gestión. Y todos sabemos que los gobiernos no son muy amigos de ver la viga en el propio ojo.
Así que la solución que se adopta no es la de volver al estado anterior en el que se podía despedir a un funcionario y buscar otra alternativa de solución (puesto que se vería como un “retroceso”, opuesto al “avance” que fue el hacer esa norma), sino aumentar el número de funcionarios con la esperanza de que, a pesar del coste que esto tiene, un mayor número de funcionarios podrá seguir el ritmo que quiere imprimir el gobierno en sus acciones.
Esta solución, a pesar de se ha venido aplicando a discreción (España tiene una proporción de funcionarios por ciudadano cuatro veces mayor que, por ejemplo, Japón, llegando a ser casi el 50% de la población activa en comunidades como Extremadura y Andalucía), resultó ser insuficiente.
La segunda solución o parche que se intentó fue (nuevamente, el parche no sustituye al parche anterior, sino que se añade encima sin quitar el otro), contratar (con dinero del estado) empresas privadas para la ejecución de las acciones del gobierno o al menos de algunas de ellas, sobre todo donde la situación y la urgencia no hace recomendable dejar esta acción en las manos del funcionariado. La empresa que debe ejecutar las obras se decide mediante un concurso público, de manera que se elige a la empresa que puede efectuar la obra requerida por el menor precio, al menos en teoría.
Sin embargo esta solución tampoco pudo aplicarse a todas las situaciones, porque recordemos que las empresas privadas tienen como objetivo el ganar dinero. La administración está gestionada por funcionarios, que, recordemos, tienden a la ineficiencia. Esto ocasiona importantes retrasos por parte de la administración a la hora de los pagos, y las empresas privadas pueden perfectamente optar por no trabajar para la administración para no endeudarse más allá de lo admisible.
Por otro lado, la concesión de obras a las empresas ha sido, desde que apareció esta figura, el hecho que más ha facilitado la corrupción de los políticos y funcionarios, puesto que estos tienen la facultad de poder elegir a la empresa ejecutora, y la empresa ejecutora (que, recordemos de nuevo, está para ganar dinero) puede considerar conveniente (rentable) el sobornar a la persona o personas responsables de la adjudicación. Pese a que sobre el papel la empresa se elige de manera objetiva (la más barata), hay unas cuantas técnicas para poder influir en esta decisión.
No voy a presentar una lista completa de maneras de conseguir un chanchullo, porque entonces este pequeño escrito pasaría a ser una enciclopedia. Sólo voy a dar un pequeño y simplón ejemplo:
Quiero favorecer a la empresa X. La empresa X lo sabe, de hecho me ha prometido cierta cantidad si sale ella elegida. Me llegan ofertas de las otras empresas. Le comunico a la empresa X cual es la menor de esas ofertas. Justo a punto de acabar el plazo de presentación de ofertas, la empresa X mejora la mejor oferta hasta el momento, aunque sea por un poco. La empresa X es elegida. La empresa y yo sabemos que el presupuesto no se va a cumplir, de hecho ya hemos hecho los cálculos del presupuesto real final y lo que se tiene que llevar cada uno. Haremos que surjan complicaciones que retrasarán la obra y obligarán a ampliar el presupuesto inicial, ahora ya sin molestos concursos.
Si leéis periódicos, quizá os suene determinado tipo de titular, puesto que aparece con bastante frecuencia: “la obra x, presupuestada en 1000 millones, al final va a costar 5000 millones”
De hecho, parece que sea absolutamente imposible que alguien acierte con un presupuesto en este país. ¿Alguien ha leído alguna vez este otro titular: “la obra x se ha completado en plazo previsto y con el presupuesto inicial”? Yo no, al menos. Sea cual sea el presupuesto, el coste real siempre se acaba incrementando en un 300-500%. O bien absolutamente todos los ingenieros de este país son unos incompetentes, o bien este incremento sistemático del coste está originado por otra cosa.
Así que la nueva solución es incompleta y genera sus propios problemas: si la obra es poco deseable para la empresa privada, puede que el estado no encuentre ninguna empresa que quiera efectuar el trabajo, pero si la obra es muy deseable, fomenta la corrupción. Por otro lado, incluso funcionando bien, tiene un importante coste adicional que tiene que salir, como siempre, de los impuestos (o del endeudamiento del propio estado, pero eso es otra historia que debe contarse en otra ocasión).
Corroborando mi teoría de la incapacidad absoluta de la clase política de enmendar errores, no se consideró que esta idea andaba errada, sino que simplemente necesitaba unos retoques más para llegar a ser perfecta.
Así llegamos al siguiente parche y al primer híbrido, ideado como solución de compromiso para este problema. Dado que el gobierno sigue necesitando que alguien ejecute sus decisiones en un tiempo prudencial (antes de que sean las próximas elecciones, preferiblemente), y que a veces no puede confiar en que exista una empresa privada que quiera ejecutar el trabajo, ni tampoco en los funcionarios, se crea la figura de la empresa pública.
Esta empresa pública funciona como una empresa privada con la salvedad de que su accionista principal (o único) es el propio estado. Sin embargo, los trabajadores y la empresa en sí no forman parte de la función pública y están regulados tal como se hace con la empresa privada. Al ser el estado la mayor (o única) parte del accionariado, puede influir en las decisiones de la empresa, sobre todo a la hora de decidir aceptar o no un trabajo, y a qué precio cobrarlo.
Los trabajadores de la empresa pública, por tanto, no son funcionarios, o al menos no es necesario que lo sean. Pueden ser despedidos: sus ingresos dependen pues de que hagan el trabajo eficientemente, como en la empresa privada, o al menos así es en principio.
Las finanzas de una empresa pública son un poco más complejas que las de la empresa privada. La empresa privada vende sus productos, alguien los compra (si quiere) y así obtiene el dinero para pagar sus propios gastos y, presumiblemente, obtener beneficios, que se reparten entre los accionistas.
La empresa pública no suele funcionar así, y de hecho sería un poco irregular que así fuera. Se supone que los ciudadanos pagamos unos impuestos, que, gestionados por el gobierno, se convierten en una serie de servicios. Si nos cobraran por vendernos estos servicios, entonces estaríamos pagándolos dos veces.
He usado “cobraran”, pero quizá no sea el tiempo verbal adecuado. A veces sí cobran por el servicio, como por ejemplo en el transporte público, pero el si deberían cobrarlo a parte o no casi lo vamos a dejar como tema de discusión para otra ocasión, para no alejarnos mucho del tema principal.
Bien, la empresa pública, en su funcionamiento “general”, por así decirlo, obtiene el capital necesario para su funcionamiento de dinero del estado (dinero que recordemos ha recaudado previamente para este fin mediante los impuestos). A veces directamente, mediante una partida presupuestaria, pero las más de las veces de manera indirecta, mediante el sistema de que la empresa “cobre” por sus servicios a los ministerios (o cualquier otra subdivisión del estado) que le encomienden el trabajo, como haría una privada.
Este mimetismo con la empresa privada se origina de que, ya en ese momento, la tendencia general del pensamiento es asociar lo privado con la eficiencia y lo público con la ineficiencia. Así que una empresa pública que copie “muchas” cosas de la empresa privada se va a ver como algo positivo, (¡sí, un “progreso”!) aunque no necesariamente lo que se copia sea lo que realmente hace que la empresa privada sea eficiente.
Así que ya tenemos trabajadores que ofrecen servicios a la ciudadanía, y que pueden ser despedidos. Aunque para llegar a eso se haya conservado intacta la estructura ampliada de funcionarios, que siguen sin poder ser despedidos. Sin embargo veremos que, pese a ello, no se alcanza la eficiencia.
Aunque la motivación del trabajador de la empresa pública puede ser el mismo que el de la empresa privada, la motivación del accionista no lo es. Recordemos: en la empresa privada, el accionista es el propietario y quien se embolsa los beneficios que genere la empresa. Los beneficios aparecen porque otras entidades (“clientes”, “compradores”) diferentes del accionariado pagan por los productos que ofrece la empresa.
La motivación del accionariado (que transmite a su vez a los gerentes, estos a los mandos intermedios y estos a los trabajadores) es ganar el máximo dinero posible, lo cual pasa por intentar vender lo más posible, lo cual pasa por que los productos sean percibidos por los compradores como mejores que los de la competencia, lo cual pasa, normalmente, por hacer que esos productos sean realmente mejores que los de la competencia, lo cual pasa por ser más eficiente que la competencia.
La existencia de compradores externos, la existencia de competencia, y el objetivo último de maximización de beneficios son características que orientan a la empresa privada a la eficiencia. Ninguna de esas características tiene un peso importante en la empresa pública.
Estaremos todos de acuerdo en que si el propio accionariado tuviera que comprarse a sí mismo los productos que genera, no ganaría ningún dinero. Más bien lo perdería, debido a los costes de producción.
Así que ¿cuál es la motivación del accionariado de la empresa pública? Estos accionistas no son personas que se pueden llevar los beneficios en cualquier momento y usarlos para comprarse un coche, un chalet o un equipo de fútbol. Son divisiones del estado, son ministerios, consellerias, ayuntamientos, institutos, etc. El estado, desde que en la revolución francesa cayeron unas cuantas cabezas, no debería tener un interés especial en ganar dinero: el dinero que le llegue es el que la gente está dispuesta a dar a cambio de los servicios que necesita. Un dinero así “ganado” es un dinero no reinvertido, es un dinero cobrado al ciudadano que no se convierte en servicio, así que es un dinero inútil en el mejor de los casos, (impuestos demasiado altos para nada) o un dinero perdido en el peor de los casos (corrupción).
Al final, la respuesta es que la motivación del accionariado público para la eficiencia suele ser nula. A su vez, la motivación que el accionariado transmite al gerente, normalmente funcionario o político, suele ser nula y/o interesada partidistamente.
Finalmente, la falta de motivación de la cima se acaba transmitiendo a las capas inferiores, con lo que las empresas públicas acaban siendo también menos eficientes que las empresas privadas, pese a haber “copiado” ciertos aspectos de la empresa privada, como por ejemplo la posibilidad real de despido.
Elucubremos un poco: Una empresa poco eficiente es más cara, ya que necesita más recursos para conseguir el mismo resultado que una empresa más eficiente.
Como resulta que la empresa pública es más cara, una empresa privada podría verse ahora tentada a ofrecer unos servicios que antes no quería ofrecer, pidiendo a cambio más dinero del que hubiera pedido anteriormente, pero costando de todas maneras menos que la empresa pública creada para tal fin.
Si el método de elección de empresa es el concurso, entonces la empresa que ofrezca el menor presupuesto será quien se lleve la adjudicación. En este escenario, las recién creadas empresas públicas corren el riesgo de convertirse en inútiles, debido a que no pueden competir en precio con las privadas, de manera que puede que nunca les llegue ninguna adjudicación.
Una empresa pública que no efectúa ningún trabajo, pero que sigue costando dinero público, no suele ser buena publicidad para la gestión de un gobierno. Cerrarla y que la gente se vaya al paro tampoco da buena publicidad. Por otro lado, abolir el sistema de concurso a la hora de conceder adjudicaciones, tampoco sería bien visto, ya que se pasaría de un sistema que se percibe justo a otro que se percibiría arbitrario. Y un político, como ya se ha dicho, nunca abole nada. Añade cosas.
La siguiente capa de la lasaña, y el segundo híbrido resultante, es la idea de empresa pública que además es “medio propio” de la administración. Sigue siendo una empresa pública, con las características ya descritas de ese híbrido, pero con unos condicionantes nuevos: Primero, que no se puede negar a realizar ningún encargo que le mande la administración. Segundo, que no puede trabajar para nadie más que para la administración. De estas normas podéis deducir que las empresas públicas que no son medio propio sí pueden negarse a hacer encargos, y pueden trabajar para contratadores privados. Olvidemos eso por ahora. Tercero, no participan en concursos de adjudicación, sino que el trabajo a realizar se les adjudica directamente.
A pesar de ello, la empresa pública medio propio sigue teniendo los mismos defectos que la empresa pública “normal”, así que sigue sin ser eficiente. Pero gracias a la adjudicación directa, recibe encargos a pesar de ello, a pesar de que quizá otra empresa privada lo podría hacer más barato.
Hay un criterio para decidir si determinado trabajo hay que sacarlo a concurso o ha de hacerlo una empresa medio propio, y ese criterio suele ser la urgencia del trabajo y/o la inexistencia de empresas públicas o privadas que puedan o quieran efectuar dicho trabajo. Pero es un criterio muy subjetivo, y por tanto, muy flexible.
Fijaos en cual es el estatus de un trabajador que trabaja en una empresa pública medio propio de la administración: Uno, sólo trabaja para el estado. Dos, no puede negarse a trabajar para el estado. Tres, ofrece servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo... no es un funcionario, pese a que un funcionario también tiene esas mismas tres características. Tenemos aquí que hemos creado un nuevo trabajador para un trabajo que ya existía. Hemos creado al funcionario despedible, pero no modificando el estatus de los que ya habían, sino creando una estructura paralela.
Encima se ha creado empleo, así que todos contentos. Los gastos se han cuadruplicado, pero ¿quien se fija en esas cosas? Se quita un poco de sanidad y otro poco de educación y arreglado. O nos endeudamos un poco más, todo tiene solución...
Uno perfectamente se puede hacer la pregunta: Si trabajo para el estado, no ocasionalmente, sino el 100% de las veces, si el estado es quien me manda directamente qué trabajo es el que tengo que hacer... ¿por qué no soy funcionario?
La respuesta, si habéis leído lo anterior, debería ser bastante clara. Un funcionario no es eficiente, ya que su nivel de ingresos no está vinculado de ninguna manera a su rendimiento. Todas estas vueltas se han dado para conseguir un trabajo un poco más eficiente. Por el procedimiento de siempre añadir y nunca quitar, claro.
El contrasentido de todo esto es que al añadir capas y capas, todas con su propio coste, la eficiencia global en realidad disminuye más y más: obtenemos pocos servicios por nuestros impuestos, debido a que seguimos pagando a todas las partes implicadas, las productivas y las que no lo son.
Tras este largo prólogo, veamos que pasa en Tragsa:
Habíamos llegado a un punto en que la administración estaba considerando todas las actuaciones a realizar como “urgentes” (recordemos lo del criterio) así que ha usado mucho más la adjudicación directa que el concurso público.
En otra ocasión hablaremos de las razones no económicas y las situaciones que hacen que a veces la administración prefiera contratar a sus medios propios antes que a empresas privadas. De momento admitimos sin más el hecho objetivo.
Este aumento de la adjudicación directa, añadido a la crisis económica general, ha ocasionado que las empresas privadas hayan reducido su cartera de clientes considerablemente. Su nivel de negocio peligra.
Las empresas privadas poseen organizaciones sectoriales, llamadas patronales, que agrupan los intereses comunes de estos colectivos.
Las patronales han presionado a la administración para que no use tanto la adjudicación directa desde hace años. Concretamente, desde que se inventó esto de la adjudicación directa y del medio propio. Recordemos: empresa privada, objetivo: ganar dinero.
Sin embargo, pese a que Tecniberia (patronal de nuestro sector) ha venido haciendo esta petición desde que existe Tragsatec (dos décadas), de repente, el gobierno ha decidido escucharla. Bueno, a esta patronal y al resto, ya que es algo que afecta a todo el grupo Tragsa. Los motivos de este cambio no los tengo todavía madurados así que no los discutiremos aquí de momento.
Y para confirmar mi teoría del añadido infinito... la solución del gobierno para estos pedigüeños de Tecniberia (que empiezan a parecerse cada vez más a la SGAE) no ha sido evidentemente volver a un estado anterior en el que los trabajos estaban mejor repartidos entre adjudicaciones directas y concursos. No. La solución política ha de consistir en mantener lo que hay, añadiendo otra vuelta de tuerca, una nueva norma, una nueva excepción, un nuevo lo que sea. Para qué simplificar, pudiendo complicar: en este caso se mantiene el uso (o abuso) general de la adjudicación directa, pero con el compromiso por parte de la empresa pública medio propio de la administración de subcontratar a las empresas privadas hasta el 50% del trabajo en cada proyecto.
Así que habían quejas porque habían demasiadas adjudicaciones directas. Resulta que van a seguir habiendo las mismas, pero ya no se quejan. Curioso, ¿no?
Francamente, si el objetivo del gobierno es conseguir un sistema que sea tan complicado que nadie pueda entenderlo, y, que por tanto, nadie pueda criticar, he de decirles que, pese a que aún no lo han conseguido del todo, van por el buen camino. Mis más sinceras felicitaciones.
Yo por mi parte, en las próximas elecciones, no voy a votar ni a derechas ni a izquierdas, ni a liberales ni a intervensionistas. No voy a votar a nadie que me hable de progreso, ni de consenso, ni de ampliaciones, ni de ajustes, ni de sintonizaciones: voy a votar a quien proponga de verdad revisar todos conceptos desde cero y esté dispuesto a sacrificar todo aquello que sea inútil. Si es que hay un partido político así, claro. Yo siempre he pensado que cuando a unos pantalones le pones tantos parches que hay más parche que pantalón, quizá sea el momento de comprarse otro.
Puede que para un partido político tener ideas demasiado radicales sea peligroso. Pero ser demasiado poco radical (y buscar solo el parche temporal, el apaño rápido, la solución de compromiso, el café para todos, la igualdad en la mediocridad, que no te odie nadie a expensas de que nadie te quiera mucho, jamás buscar la raíz del problema para que nadie se ofenda) quizá sea igual de malo o, a la larga, incluso peor.
Recapitulación:
Situación: el gobierno necesita una administración eficiente que desarrolle sus decisiones y ejecute sus mandatos
Problema: si cada vez que cambia el gobierno cambian los funcionarios, la administración no es eficiente
Parche #1: Los funcionarios no se cambian bajo ningún concepto
Nuevo problema: El funcionario individual, al saber que su puesto y sus ingresos no corren ningún peligro bajo ninguna situación, pierde la motivación para ser eficiente. La administración es ineficiente.
Parche #2: Aumentamos el número de funcionarios
Nuevo problema: Se ha alcanzado un número de funcionarios tal, que, si se aumenta aún más, no será posible recaudar impuestos suficientes de la ciudadanía para pagarles a todos, y sigue sin solucionarse el problema de la ineficiencia. No podemos despedir a los funcionarios (debido al parche #1), así que nos tenemos que quedar con todos los funcionaros anteriores y además con los nuevos. Más dinero de los impuestos.
Parche #3: Permitimos que cosas que hasta ahora eran competencia del gobierno y/o de la administración sean realizadas por empresas privadas. El estado pagará a empresas privadas para que les solucionen los temas en los que no son capaces de apañarse.
Nuevo problema: (Obviando el tema de la corrupción, ya que según para quien, es un problema o una virtud) Las empresas privadas no siempre están dispuestas a colaborar, así que este parche no soluciona totalmente la problemática. Más dinero de los impuestos.
Parche #4: Creamos el primer híbrido, algo que no es ni función pública ni iniciativa privada, y lo llamaremos empresa pública. Son como empresas privadas, pero en las que tenemos la mayoría en los consejos de administración, así que podemos evitar que la empresa diga que no acepta el trabajo. Además, mi mujer siempre me ha dicho que le encantaría dirigir una empresa.
Nuevo problema: Estas empresas funcionan fatal, los consejos de administración ni se presentan a las reuniones, y además ahora mi propia mujer me dice que no quiere hacer proyectos para el estado porque no pagamos a tiempo. Nadie supervisa a los trabajadores, ni al supervisor de estos. Encima, como sale tan caro hacer las cosas con esta empresa, no hay manera de hacer que gane un concurso de adjudicación ni de casualidad cuando se presentan otras empresas a concurso. Más dinero de los impuestos.
Parche #5: Creamos el segundo híbrido. Una empresa a medida, que no se tiene que presentar a concurso para llevarse una adjudicación, que no puede negarse a trabajar, que no puede preferir trabajar para otros. Se cambian todas las leyes que hagan falta. Además ésta la montamos nosotros ya desde el principio: el otro día me enseñaron un PowerPoint donde se explicaba como funcionaba una empresa y no parece tan complicado. Mira, yo seré el presidente, tú podrías ser el secretario general y tú el jefe de concursos humanos, digo, discursos humanos, recursos rumanos... bueno, ya sabéis... esos que meten miedo al currito para que no se duerma. Dejamos de ser funcionarios pero no os preocupéis, que nuestros contratos serán blindados.
Nuevo pseudo-problema: Las empresas privadas, acostumbradas a los tiempos en los que hacían grandes proyectos para el estado, miran con avaricia el dinero que se trasvasa del estado a las empresas medio propio. Además, desde el punto de vista del corrupto, el medio propio favorece el nepotismo (colocación de familiares y amigos) pero dificulta la corrupción de toda la vida, que es mucho más lucrativa.
Parche #6: Se decide que el medio propio ha de subcontratar a dedo el 50% de cada asistencia (que previamente el estado le ha adjudicado a dedo). Más dinero de los impuestos. Fin de los concursos.
Por fin se han conseguido todos los objetivos:
*corrupción: sencilla y sin tener que amañar concursos
*nepotismo: fácil y sencillo, y además ahora hay más empresas a elegir donde colocar al cuñado
*trabajadores: los tenemos bailando entre empresas indefinidamente, sin que adquieran ningún derecho en ninguna. Así pueden ser permanentemente temporales sin que tengamos que cambiar ninguna ley más. Baratos de conseguir, baratos de despedir.
*y el trabajo del estado, hecho, con un coste mínimo, sólo el cuádruple de lo que debería ser: en vez de pagar sólo al funcionario, hay que pagar al funcionario, al de la empresa pública, al de la empresa privada y a los que maquinan estos engendros.
Parche #7: Quizá sería un buen momento para subir los impuestos, aquí en la caja empiezan a haber telarañas.
Para finalizar, un consejo para al gobierno: Cojan una partida de dinero de nuestros impuestos, y regálenla (sí, así como suena) directamente a las empresas privadas de Tecniberia. Así el resultado será exactamente el mismo, con la diferencia de que no se perjudicará al trabajador.
Y deberes para casa: Si mi solución, pese a ser absurda, es mejor que la del gobierno, ¿cuán absurda es entonces la solución del gobierno? Pensad en ello.
Hasta el próximo diferencial.
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Y no, no soy neoliberal
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gobierno-insta-ingenierias-publicas-ceder-mercado-privadas/20091026cdscdiemp_5/cdsemp/
He aquí un pequeño ensayo sobre las razones que han llevado a esta psicodélica situación, escrito ya hace bastante pero oculto hasta ahora:
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El Dr. Jaus presenta su nuevo ensayo clínico:
SIEMPRE ADITIVO, NUNCA SUBSTRACTIVO
o
LA MALDICIÓN DE LA PALABRA PROGRESO
o
POR FAVOR DEJEN DE TIRAR MI DINERO
El mundo es complicado.
No sabéis cuantísimo siento tener que daros esta mala noticia. Sé que todos nosotros aspiramos en algún momento a una vida simple, un trabajo honrado, tiempo libre para el ocio y poco más. A vivir y dejar vivir.
Siento comunicaros que esa opción sencillamente no existe. Lo que más se le parece es cerrar los ojos a la realidad, simplificarlo todo, generalizar abusivamente, copiar los prejuicios de tu vecino, no pensar, no fijarse y no hacerse preguntas. Quien opte por esa opción, y que conste que me parece una opción tan respetable como cualquier otra, no hace falta que siga leyendo. Son 11 páginas, así que podría entenderlo.
Trataré ahora de explicar una serie de conceptos que, pese a lo que podáis creer, van a influir en el trabajo de cada uno, y por tanto, la vida de cada uno. Las cosas que afectan nuestra vida tienden a ser interesantes, ¿no?
Empecemos por lo básico y por lo que todo el mundo sabe (o debería de saber). En España hay dos tipos de empresa: empresa pública y empresa privada.
Vale, vamos mal. Éste es un perfecto ejemplo de mal comienzo provocado por las prisas.
Tenemos que ir aún más atrás, hacia lo aún más básico. Empecemos de nuevo: en España tenemos tres “mundos” laborales distintos:
• La función pública (funcionarios, interinos, profesores...). Trabajan para el estado. Entran por oposición o por concurso-oposición (un día hablaremos de eso). Cobran del estado y su trabajo consiste en ofrecer servicios a la ciudadanía.
• La empresa. La empresa tiene dos partes: unos propietarios y unos trabajadores. A veces alguna persona puede ser ambas cosas, pero lo corriente en una S.A. es que no haya ninguna relación entre unos y otros. Cuando hablemos aquí de empresa hablaremos de S.A. porque ese el tipo de empresa en el que estamos. En principio (luego veremos excepciones) una empresa se funda porque los accionistas, es decir, los propietarios, desean ganar dinero.
• El autónomo. Él es su propia empresa, su propietario y su empleado. Hoy no toca hablar de él.
Las empresas y los autónomos desean ganar dinero. Bueno, precisemos eso. TODO el mundo desea ganar dinero, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Un trabajador “corriente”, uno que trabaje asalariado en una empresa, ofrece un trabajo y a cambio recibe un salario, y de esa manera obtiene los ingresos que necesita. Un accionista posee dinero previamente (no vamos a preguntarnos aquí porqué) y desea aumentarlo por medio de inversiones. Una posible inversión es una empresa. El trabajador consigue dinero a cambio de trabajo, el accionista consigue dinero a base de invertir su capital con un cierto riesgo.
En un mundo perfecto, este sistema sería válido, sería suficiente. ¿No? Los empresarios dan dinero a los trabajadores por su trabajo, éstos hacen ganar dinero al empresario, y todos pagan impuestos al estado. Y el estado paga a funcionarios para que den servicios públicos a todos.
Para este texto, vamos a partir de la hipótesis de que el esquema así descrito podría funcionar realmente (para lo cual nos deberíamos preguntar cómo es el que dinero parece que se forme espontáneamente, pero esa es otra historia y será narrada en otra ocasión).
Pero, pero, pero... oh, sorpresa, como seguramente ya esperabais que os anunciara, el mundo no es perfecto.
La función pública desde su inicio empezó a tener serios problemas. Supongamos que llamamos democracia al hecho de que cabe la posibilidad de que el gobierno cambie cada cuatro años, habitualmente de entre dos posibles opciones. Bajo este supuesto, aquí estaríamos en democracia. Los gobiernos, por tanto, alternan, y cada uno tiene cierto estilo o manera de hacer las cosas, de acuerdo con su agenda ideológica del momento. Los medios de que disponen los gobiernos para hacer las cosas que hacen son los trabajadores de la función pública, o sea, los funcionarios.
Los funcionarios son personas y las personas tienen tendencia a alinearse en grupos de opinión (mayormente clubes de fútbol, estilos musicales y partidos políticos). Una práctica poco respetable de los primeros gobiernos democráticos era, que cada vez que había una alternancia en el partido en el poder, se despedía a todos los simpatizantes del partido anterior y se sustituían por simpatizantes del nuevo. Como previamente el partido anterior había hecho lo mismo, cada vez que cambiaba el partido en el poder había una sustitución prácticamente completa.
Claro... eso tenía sus problemas. Con tanto cambio, las cosas no salían, incluso con buena intención. Con mala intención, que era lo más corriente, la persona a la que echaban no le facilitaba precisamente la transición al nuevo que entraba, más bien quemaba los documentos y escondía las llaves.
A alguien se le ocurrió una posible solución para solucionar este problema: los funcionarios no pueden despedirse.
Uno se preguntará porqué se adoptó una medida tan radical. Podría pensarse que es más lógico que no se puedan despedir “porque sí”, pero que hay que permitirlo en casos justificados. Supongo que la explicación es que, en el momento en que se establecen criterios para el despido, sean cuales sean, se crea la oportunidad de manipular los hechos para justificar lo que en principio no se puede justificar. Como todos los partidos políticos no se fiarían de que los demás no usaran esos métodos (ya que ellos mismo los usarían llegado el caso) se acordó la prohibición simple y llana. Yo no te fastidio a ti si tú no me fastidias a mí.
En este punto diréis algunos que esto es mentira, que sí que se puede despedir a un funcionario, que por Dios qué cosas digo. Bueno, sobre el papel, quizá, pero aquí os tengo que revelar una nueva verdad sobre el mundo: no todas las normas están escritas. Si tenéis dudas, buscad casos concretos de funcionarios despedidos, a ver cuantos encontráis.
Más verdades sobre el ser humano: si una persona cobra x por trabajar, pero también cobra x por no trabajar (¡no le pueden despedir!), tiende a NO trabajar. Que quede claro que esto no es un defecto del funcionario sino del ser humano en general. Y que, por supuesto, hay excepciones. Por eso he dicho que “tiende” y no que “implica”.
Un inciso: Generalizar siempre tiene el problema de las excepciones. Pero generalizar es útil: quizá no todas y cada una de las abejas de una colmena piquen, pero la frase “las abejas pican” me parece una generalización bastante útil que me indica que va a ser mejor que no meta el brazo hasta el hombro en el panal.
Así que cada vez atribuya a “las empresas”, “los funcionarios”, “las personas”, etc... alguna característica, o diga que hacen o dicen algo, no quiero decir “todas las empresas”, “todos los funcionarios” ni “todas las personas”. Ni siquiera quiero decir “la mayoría de las empresas”, ni “la mayoría de los funcionarios”, ni “la mayoría de las personas”. Lo que quiero decir es algo así como “un número de empresas (funcionarios, personas...) suficiente como para sea significativo el siguiente efecto que ahora paso a describir”.
Vuelvo al ejemplo de las abejas; la frase “las abejas pican” no quiere decir que el 100% de las abejas piquen, ni tampoco necesariamente que hay más abejas que piquen que abejas que no. Lo que quiere decir es que “hay un número suficiente de abejas que pican como para que el miedo a ser picado sea un miedo razonable con un efecto mensurable”. Como esto es muy largo, en este texto diré “las abejas pican”, esperando que ninguna abeja se ofenda, ahora que he explicado qué quiero decir cuando generalizo.
Bien, hemos llegado a una función pública con una tendencia a no trabajar o a trabajar menos que si su sueldo dependiera de ello. Como es de esperar, llegamos a una administración ineficiente. Los gobiernos tienen que hacer sus cosas, para eso se supone que están ahí, pero se encuentran con que las personas que tienen que desarrollar en la práctica sus decisiones no siempre responden con la prontitud deseada. A veces porque ese es el hábito que han adquirido, a veces porque no son simpatizantes del partido que está en el poder e intentan sabotear en la medida de sus posibilidades estas decisiones.
En política, y esto es otra gran verdad que quiero dar a conocer al mundo, y el motivo del título de este ensayo, nunca se soluciona un problema corrigiendo el error de base que lo ocasionó, sino añadiendo algún tipo de parche para solucionar sus síntomas más graves. Leed nuevamente la frase porque quiero que la entendáis bien y la recordéis siempre:
“En Política, nunca se soluciona un problema corrigiendo el error de base que lo ocasionó.”
La explicación de porque sucede esto es discutible, pero en mi opinión es que el añadir leyes, el añadir normas, el añadir excepciones, la adición, en suma, se interpreta desde la población general como un “progreso”, mientras que la vuelta a un estado anterior se interpreta como un “retroceso”. Los conceptos subjetivos de “avance”, “progreso”, “evolución”, “futuro”, “ir hacia delante” son los preferidos para las campañas políticas ya que también son los favoritos de la gente. Un partido que promulgara que su intención es volver al mismo estado en el que se estaba hace ocho años sería difícil que ganara unas elecciones, a pesar de que quizá esa opción pudiera ser la mejor de las posibles en ese momento. Es irracional, pero es. Este tema merece ser tratado con más profundidad en ulteriores análisis.
Aparte de la explicación sociológica anterior, cuando el mismo gobierno que generó un problema es el mismo que intenta resolverlo, el poner parches tiene la ventaja de que el gobierno en cuestión se libra de tener que reconocer un error en su propia gestión. Y todos sabemos que los gobiernos no son muy amigos de ver la viga en el propio ojo.
Así que la solución que se adopta no es la de volver al estado anterior en el que se podía despedir a un funcionario y buscar otra alternativa de solución (puesto que se vería como un “retroceso”, opuesto al “avance” que fue el hacer esa norma), sino aumentar el número de funcionarios con la esperanza de que, a pesar del coste que esto tiene, un mayor número de funcionarios podrá seguir el ritmo que quiere imprimir el gobierno en sus acciones.
Esta solución, a pesar de se ha venido aplicando a discreción (España tiene una proporción de funcionarios por ciudadano cuatro veces mayor que, por ejemplo, Japón, llegando a ser casi el 50% de la población activa en comunidades como Extremadura y Andalucía), resultó ser insuficiente.
La segunda solución o parche que se intentó fue (nuevamente, el parche no sustituye al parche anterior, sino que se añade encima sin quitar el otro), contratar (con dinero del estado) empresas privadas para la ejecución de las acciones del gobierno o al menos de algunas de ellas, sobre todo donde la situación y la urgencia no hace recomendable dejar esta acción en las manos del funcionariado. La empresa que debe ejecutar las obras se decide mediante un concurso público, de manera que se elige a la empresa que puede efectuar la obra requerida por el menor precio, al menos en teoría.
Sin embargo esta solución tampoco pudo aplicarse a todas las situaciones, porque recordemos que las empresas privadas tienen como objetivo el ganar dinero. La administración está gestionada por funcionarios, que, recordemos, tienden a la ineficiencia. Esto ocasiona importantes retrasos por parte de la administración a la hora de los pagos, y las empresas privadas pueden perfectamente optar por no trabajar para la administración para no endeudarse más allá de lo admisible.
Por otro lado, la concesión de obras a las empresas ha sido, desde que apareció esta figura, el hecho que más ha facilitado la corrupción de los políticos y funcionarios, puesto que estos tienen la facultad de poder elegir a la empresa ejecutora, y la empresa ejecutora (que, recordemos de nuevo, está para ganar dinero) puede considerar conveniente (rentable) el sobornar a la persona o personas responsables de la adjudicación. Pese a que sobre el papel la empresa se elige de manera objetiva (la más barata), hay unas cuantas técnicas para poder influir en esta decisión.
No voy a presentar una lista completa de maneras de conseguir un chanchullo, porque entonces este pequeño escrito pasaría a ser una enciclopedia. Sólo voy a dar un pequeño y simplón ejemplo:
Quiero favorecer a la empresa X. La empresa X lo sabe, de hecho me ha prometido cierta cantidad si sale ella elegida. Me llegan ofertas de las otras empresas. Le comunico a la empresa X cual es la menor de esas ofertas. Justo a punto de acabar el plazo de presentación de ofertas, la empresa X mejora la mejor oferta hasta el momento, aunque sea por un poco. La empresa X es elegida. La empresa y yo sabemos que el presupuesto no se va a cumplir, de hecho ya hemos hecho los cálculos del presupuesto real final y lo que se tiene que llevar cada uno. Haremos que surjan complicaciones que retrasarán la obra y obligarán a ampliar el presupuesto inicial, ahora ya sin molestos concursos.
Si leéis periódicos, quizá os suene determinado tipo de titular, puesto que aparece con bastante frecuencia: “la obra x, presupuestada en 1000 millones, al final va a costar 5000 millones”
De hecho, parece que sea absolutamente imposible que alguien acierte con un presupuesto en este país. ¿Alguien ha leído alguna vez este otro titular: “la obra x se ha completado en plazo previsto y con el presupuesto inicial”? Yo no, al menos. Sea cual sea el presupuesto, el coste real siempre se acaba incrementando en un 300-500%. O bien absolutamente todos los ingenieros de este país son unos incompetentes, o bien este incremento sistemático del coste está originado por otra cosa.
Así que la nueva solución es incompleta y genera sus propios problemas: si la obra es poco deseable para la empresa privada, puede que el estado no encuentre ninguna empresa que quiera efectuar el trabajo, pero si la obra es muy deseable, fomenta la corrupción. Por otro lado, incluso funcionando bien, tiene un importante coste adicional que tiene que salir, como siempre, de los impuestos (o del endeudamiento del propio estado, pero eso es otra historia que debe contarse en otra ocasión).
Corroborando mi teoría de la incapacidad absoluta de la clase política de enmendar errores, no se consideró que esta idea andaba errada, sino que simplemente necesitaba unos retoques más para llegar a ser perfecta.
Así llegamos al siguiente parche y al primer híbrido, ideado como solución de compromiso para este problema. Dado que el gobierno sigue necesitando que alguien ejecute sus decisiones en un tiempo prudencial (antes de que sean las próximas elecciones, preferiblemente), y que a veces no puede confiar en que exista una empresa privada que quiera ejecutar el trabajo, ni tampoco en los funcionarios, se crea la figura de la empresa pública.
Esta empresa pública funciona como una empresa privada con la salvedad de que su accionista principal (o único) es el propio estado. Sin embargo, los trabajadores y la empresa en sí no forman parte de la función pública y están regulados tal como se hace con la empresa privada. Al ser el estado la mayor (o única) parte del accionariado, puede influir en las decisiones de la empresa, sobre todo a la hora de decidir aceptar o no un trabajo, y a qué precio cobrarlo.
Los trabajadores de la empresa pública, por tanto, no son funcionarios, o al menos no es necesario que lo sean. Pueden ser despedidos: sus ingresos dependen pues de que hagan el trabajo eficientemente, como en la empresa privada, o al menos así es en principio.
Las finanzas de una empresa pública son un poco más complejas que las de la empresa privada. La empresa privada vende sus productos, alguien los compra (si quiere) y así obtiene el dinero para pagar sus propios gastos y, presumiblemente, obtener beneficios, que se reparten entre los accionistas.
La empresa pública no suele funcionar así, y de hecho sería un poco irregular que así fuera. Se supone que los ciudadanos pagamos unos impuestos, que, gestionados por el gobierno, se convierten en una serie de servicios. Si nos cobraran por vendernos estos servicios, entonces estaríamos pagándolos dos veces.
He usado “cobraran”, pero quizá no sea el tiempo verbal adecuado. A veces sí cobran por el servicio, como por ejemplo en el transporte público, pero el si deberían cobrarlo a parte o no casi lo vamos a dejar como tema de discusión para otra ocasión, para no alejarnos mucho del tema principal.
Bien, la empresa pública, en su funcionamiento “general”, por así decirlo, obtiene el capital necesario para su funcionamiento de dinero del estado (dinero que recordemos ha recaudado previamente para este fin mediante los impuestos). A veces directamente, mediante una partida presupuestaria, pero las más de las veces de manera indirecta, mediante el sistema de que la empresa “cobre” por sus servicios a los ministerios (o cualquier otra subdivisión del estado) que le encomienden el trabajo, como haría una privada.
Este mimetismo con la empresa privada se origina de que, ya en ese momento, la tendencia general del pensamiento es asociar lo privado con la eficiencia y lo público con la ineficiencia. Así que una empresa pública que copie “muchas” cosas de la empresa privada se va a ver como algo positivo, (¡sí, un “progreso”!) aunque no necesariamente lo que se copia sea lo que realmente hace que la empresa privada sea eficiente.
Así que ya tenemos trabajadores que ofrecen servicios a la ciudadanía, y que pueden ser despedidos. Aunque para llegar a eso se haya conservado intacta la estructura ampliada de funcionarios, que siguen sin poder ser despedidos. Sin embargo veremos que, pese a ello, no se alcanza la eficiencia.
Aunque la motivación del trabajador de la empresa pública puede ser el mismo que el de la empresa privada, la motivación del accionista no lo es. Recordemos: en la empresa privada, el accionista es el propietario y quien se embolsa los beneficios que genere la empresa. Los beneficios aparecen porque otras entidades (“clientes”, “compradores”) diferentes del accionariado pagan por los productos que ofrece la empresa.
La motivación del accionariado (que transmite a su vez a los gerentes, estos a los mandos intermedios y estos a los trabajadores) es ganar el máximo dinero posible, lo cual pasa por intentar vender lo más posible, lo cual pasa por que los productos sean percibidos por los compradores como mejores que los de la competencia, lo cual pasa, normalmente, por hacer que esos productos sean realmente mejores que los de la competencia, lo cual pasa por ser más eficiente que la competencia.
La existencia de compradores externos, la existencia de competencia, y el objetivo último de maximización de beneficios son características que orientan a la empresa privada a la eficiencia. Ninguna de esas características tiene un peso importante en la empresa pública.
Estaremos todos de acuerdo en que si el propio accionariado tuviera que comprarse a sí mismo los productos que genera, no ganaría ningún dinero. Más bien lo perdería, debido a los costes de producción.
Así que ¿cuál es la motivación del accionariado de la empresa pública? Estos accionistas no son personas que se pueden llevar los beneficios en cualquier momento y usarlos para comprarse un coche, un chalet o un equipo de fútbol. Son divisiones del estado, son ministerios, consellerias, ayuntamientos, institutos, etc. El estado, desde que en la revolución francesa cayeron unas cuantas cabezas, no debería tener un interés especial en ganar dinero: el dinero que le llegue es el que la gente está dispuesta a dar a cambio de los servicios que necesita. Un dinero así “ganado” es un dinero no reinvertido, es un dinero cobrado al ciudadano que no se convierte en servicio, así que es un dinero inútil en el mejor de los casos, (impuestos demasiado altos para nada) o un dinero perdido en el peor de los casos (corrupción).
Al final, la respuesta es que la motivación del accionariado público para la eficiencia suele ser nula. A su vez, la motivación que el accionariado transmite al gerente, normalmente funcionario o político, suele ser nula y/o interesada partidistamente.
Finalmente, la falta de motivación de la cima se acaba transmitiendo a las capas inferiores, con lo que las empresas públicas acaban siendo también menos eficientes que las empresas privadas, pese a haber “copiado” ciertos aspectos de la empresa privada, como por ejemplo la posibilidad real de despido.
Elucubremos un poco: Una empresa poco eficiente es más cara, ya que necesita más recursos para conseguir el mismo resultado que una empresa más eficiente.
Como resulta que la empresa pública es más cara, una empresa privada podría verse ahora tentada a ofrecer unos servicios que antes no quería ofrecer, pidiendo a cambio más dinero del que hubiera pedido anteriormente, pero costando de todas maneras menos que la empresa pública creada para tal fin.
Si el método de elección de empresa es el concurso, entonces la empresa que ofrezca el menor presupuesto será quien se lleve la adjudicación. En este escenario, las recién creadas empresas públicas corren el riesgo de convertirse en inútiles, debido a que no pueden competir en precio con las privadas, de manera que puede que nunca les llegue ninguna adjudicación.
Una empresa pública que no efectúa ningún trabajo, pero que sigue costando dinero público, no suele ser buena publicidad para la gestión de un gobierno. Cerrarla y que la gente se vaya al paro tampoco da buena publicidad. Por otro lado, abolir el sistema de concurso a la hora de conceder adjudicaciones, tampoco sería bien visto, ya que se pasaría de un sistema que se percibe justo a otro que se percibiría arbitrario. Y un político, como ya se ha dicho, nunca abole nada. Añade cosas.
La siguiente capa de la lasaña, y el segundo híbrido resultante, es la idea de empresa pública que además es “medio propio” de la administración. Sigue siendo una empresa pública, con las características ya descritas de ese híbrido, pero con unos condicionantes nuevos: Primero, que no se puede negar a realizar ningún encargo que le mande la administración. Segundo, que no puede trabajar para nadie más que para la administración. De estas normas podéis deducir que las empresas públicas que no son medio propio sí pueden negarse a hacer encargos, y pueden trabajar para contratadores privados. Olvidemos eso por ahora. Tercero, no participan en concursos de adjudicación, sino que el trabajo a realizar se les adjudica directamente.
A pesar de ello, la empresa pública medio propio sigue teniendo los mismos defectos que la empresa pública “normal”, así que sigue sin ser eficiente. Pero gracias a la adjudicación directa, recibe encargos a pesar de ello, a pesar de que quizá otra empresa privada lo podría hacer más barato.
Hay un criterio para decidir si determinado trabajo hay que sacarlo a concurso o ha de hacerlo una empresa medio propio, y ese criterio suele ser la urgencia del trabajo y/o la inexistencia de empresas públicas o privadas que puedan o quieran efectuar dicho trabajo. Pero es un criterio muy subjetivo, y por tanto, muy flexible.
Fijaos en cual es el estatus de un trabajador que trabaja en una empresa pública medio propio de la administración: Uno, sólo trabaja para el estado. Dos, no puede negarse a trabajar para el estado. Tres, ofrece servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo... no es un funcionario, pese a que un funcionario también tiene esas mismas tres características. Tenemos aquí que hemos creado un nuevo trabajador para un trabajo que ya existía. Hemos creado al funcionario despedible, pero no modificando el estatus de los que ya habían, sino creando una estructura paralela.
Encima se ha creado empleo, así que todos contentos. Los gastos se han cuadruplicado, pero ¿quien se fija en esas cosas? Se quita un poco de sanidad y otro poco de educación y arreglado. O nos endeudamos un poco más, todo tiene solución...
Uno perfectamente se puede hacer la pregunta: Si trabajo para el estado, no ocasionalmente, sino el 100% de las veces, si el estado es quien me manda directamente qué trabajo es el que tengo que hacer... ¿por qué no soy funcionario?
La respuesta, si habéis leído lo anterior, debería ser bastante clara. Un funcionario no es eficiente, ya que su nivel de ingresos no está vinculado de ninguna manera a su rendimiento. Todas estas vueltas se han dado para conseguir un trabajo un poco más eficiente. Por el procedimiento de siempre añadir y nunca quitar, claro.
El contrasentido de todo esto es que al añadir capas y capas, todas con su propio coste, la eficiencia global en realidad disminuye más y más: obtenemos pocos servicios por nuestros impuestos, debido a que seguimos pagando a todas las partes implicadas, las productivas y las que no lo son.
Tras este largo prólogo, veamos que pasa en Tragsa:
Habíamos llegado a un punto en que la administración estaba considerando todas las actuaciones a realizar como “urgentes” (recordemos lo del criterio) así que ha usado mucho más la adjudicación directa que el concurso público.
En otra ocasión hablaremos de las razones no económicas y las situaciones que hacen que a veces la administración prefiera contratar a sus medios propios antes que a empresas privadas. De momento admitimos sin más el hecho objetivo.
Este aumento de la adjudicación directa, añadido a la crisis económica general, ha ocasionado que las empresas privadas hayan reducido su cartera de clientes considerablemente. Su nivel de negocio peligra.
Las empresas privadas poseen organizaciones sectoriales, llamadas patronales, que agrupan los intereses comunes de estos colectivos.
Las patronales han presionado a la administración para que no use tanto la adjudicación directa desde hace años. Concretamente, desde que se inventó esto de la adjudicación directa y del medio propio. Recordemos: empresa privada, objetivo: ganar dinero.
Sin embargo, pese a que Tecniberia (patronal de nuestro sector) ha venido haciendo esta petición desde que existe Tragsatec (dos décadas), de repente, el gobierno ha decidido escucharla. Bueno, a esta patronal y al resto, ya que es algo que afecta a todo el grupo Tragsa. Los motivos de este cambio no los tengo todavía madurados así que no los discutiremos aquí de momento.
Y para confirmar mi teoría del añadido infinito... la solución del gobierno para estos pedigüeños de Tecniberia (que empiezan a parecerse cada vez más a la SGAE) no ha sido evidentemente volver a un estado anterior en el que los trabajos estaban mejor repartidos entre adjudicaciones directas y concursos. No. La solución política ha de consistir en mantener lo que hay, añadiendo otra vuelta de tuerca, una nueva norma, una nueva excepción, un nuevo lo que sea. Para qué simplificar, pudiendo complicar: en este caso se mantiene el uso (o abuso) general de la adjudicación directa, pero con el compromiso por parte de la empresa pública medio propio de la administración de subcontratar a las empresas privadas hasta el 50% del trabajo en cada proyecto.
Así que habían quejas porque habían demasiadas adjudicaciones directas. Resulta que van a seguir habiendo las mismas, pero ya no se quejan. Curioso, ¿no?
Francamente, si el objetivo del gobierno es conseguir un sistema que sea tan complicado que nadie pueda entenderlo, y, que por tanto, nadie pueda criticar, he de decirles que, pese a que aún no lo han conseguido del todo, van por el buen camino. Mis más sinceras felicitaciones.
Yo por mi parte, en las próximas elecciones, no voy a votar ni a derechas ni a izquierdas, ni a liberales ni a intervensionistas. No voy a votar a nadie que me hable de progreso, ni de consenso, ni de ampliaciones, ni de ajustes, ni de sintonizaciones: voy a votar a quien proponga de verdad revisar todos conceptos desde cero y esté dispuesto a sacrificar todo aquello que sea inútil. Si es que hay un partido político así, claro. Yo siempre he pensado que cuando a unos pantalones le pones tantos parches que hay más parche que pantalón, quizá sea el momento de comprarse otro.
Puede que para un partido político tener ideas demasiado radicales sea peligroso. Pero ser demasiado poco radical (y buscar solo el parche temporal, el apaño rápido, la solución de compromiso, el café para todos, la igualdad en la mediocridad, que no te odie nadie a expensas de que nadie te quiera mucho, jamás buscar la raíz del problema para que nadie se ofenda) quizá sea igual de malo o, a la larga, incluso peor.
Recapitulación:
Situación: el gobierno necesita una administración eficiente que desarrolle sus decisiones y ejecute sus mandatos
Problema: si cada vez que cambia el gobierno cambian los funcionarios, la administración no es eficiente
Parche #1: Los funcionarios no se cambian bajo ningún concepto
Nuevo problema: El funcionario individual, al saber que su puesto y sus ingresos no corren ningún peligro bajo ninguna situación, pierde la motivación para ser eficiente. La administración es ineficiente.
Parche #2: Aumentamos el número de funcionarios
Nuevo problema: Se ha alcanzado un número de funcionarios tal, que, si se aumenta aún más, no será posible recaudar impuestos suficientes de la ciudadanía para pagarles a todos, y sigue sin solucionarse el problema de la ineficiencia. No podemos despedir a los funcionarios (debido al parche #1), así que nos tenemos que quedar con todos los funcionaros anteriores y además con los nuevos. Más dinero de los impuestos.
Parche #3: Permitimos que cosas que hasta ahora eran competencia del gobierno y/o de la administración sean realizadas por empresas privadas. El estado pagará a empresas privadas para que les solucionen los temas en los que no son capaces de apañarse.
Nuevo problema: (Obviando el tema de la corrupción, ya que según para quien, es un problema o una virtud) Las empresas privadas no siempre están dispuestas a colaborar, así que este parche no soluciona totalmente la problemática. Más dinero de los impuestos.
Parche #4: Creamos el primer híbrido, algo que no es ni función pública ni iniciativa privada, y lo llamaremos empresa pública. Son como empresas privadas, pero en las que tenemos la mayoría en los consejos de administración, así que podemos evitar que la empresa diga que no acepta el trabajo. Además, mi mujer siempre me ha dicho que le encantaría dirigir una empresa.
Nuevo problema: Estas empresas funcionan fatal, los consejos de administración ni se presentan a las reuniones, y además ahora mi propia mujer me dice que no quiere hacer proyectos para el estado porque no pagamos a tiempo. Nadie supervisa a los trabajadores, ni al supervisor de estos. Encima, como sale tan caro hacer las cosas con esta empresa, no hay manera de hacer que gane un concurso de adjudicación ni de casualidad cuando se presentan otras empresas a concurso. Más dinero de los impuestos.
Parche #5: Creamos el segundo híbrido. Una empresa a medida, que no se tiene que presentar a concurso para llevarse una adjudicación, que no puede negarse a trabajar, que no puede preferir trabajar para otros. Se cambian todas las leyes que hagan falta. Además ésta la montamos nosotros ya desde el principio: el otro día me enseñaron un PowerPoint donde se explicaba como funcionaba una empresa y no parece tan complicado. Mira, yo seré el presidente, tú podrías ser el secretario general y tú el jefe de concursos humanos, digo, discursos humanos, recursos rumanos... bueno, ya sabéis... esos que meten miedo al currito para que no se duerma. Dejamos de ser funcionarios pero no os preocupéis, que nuestros contratos serán blindados.
Nuevo pseudo-problema: Las empresas privadas, acostumbradas a los tiempos en los que hacían grandes proyectos para el estado, miran con avaricia el dinero que se trasvasa del estado a las empresas medio propio. Además, desde el punto de vista del corrupto, el medio propio favorece el nepotismo (colocación de familiares y amigos) pero dificulta la corrupción de toda la vida, que es mucho más lucrativa.
Parche #6: Se decide que el medio propio ha de subcontratar a dedo el 50% de cada asistencia (que previamente el estado le ha adjudicado a dedo). Más dinero de los impuestos. Fin de los concursos.
Por fin se han conseguido todos los objetivos:
*corrupción: sencilla y sin tener que amañar concursos
*nepotismo: fácil y sencillo, y además ahora hay más empresas a elegir donde colocar al cuñado
*trabajadores: los tenemos bailando entre empresas indefinidamente, sin que adquieran ningún derecho en ninguna. Así pueden ser permanentemente temporales sin que tengamos que cambiar ninguna ley más. Baratos de conseguir, baratos de despedir.
*y el trabajo del estado, hecho, con un coste mínimo, sólo el cuádruple de lo que debería ser: en vez de pagar sólo al funcionario, hay que pagar al funcionario, al de la empresa pública, al de la empresa privada y a los que maquinan estos engendros.
Parche #7: Quizá sería un buen momento para subir los impuestos, aquí en la caja empiezan a haber telarañas.
Para finalizar, un consejo para al gobierno: Cojan una partida de dinero de nuestros impuestos, y regálenla (sí, así como suena) directamente a las empresas privadas de Tecniberia. Así el resultado será exactamente el mismo, con la diferencia de que no se perjudicará al trabajador.
Y deberes para casa: Si mi solución, pese a ser absurda, es mejor que la del gobierno, ¿cuán absurda es entonces la solución del gobierno? Pensad en ello.
Hasta el próximo diferencial.
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Y no, no soy neoliberal
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