Bipartidismo y Teoría de Juegos

Otro ensayo: el bipartidismo y sus negativas consecuencias, con un enfoque pseudomatemático. Es pseudomatemático porque no soy -en absoluto- un experto en teoría de juegos, y estoy seguro de que el ensayo está lleno de incorrecciones, pero aún así, creo que la idea general se puede entender igualmente.

Ahí va:

Teoría de Juegos: Esta rama de las matemáticas (desarrollada por John Nash, al que recordaréis aquellos que hayáis visto la película “Una Mente Maravillosa”) busca “estrategias ganadoras” y “puntos de equilibrio” en modelizaciones de situaciones de la vida real, en las que una serie de “jugadores” buscan maximizar sus beneficios, beneficios que dependen tanto de sus actos como de los actos del resto de jugadores.

Un ejemplo clásico que se usa para ilustrar estos conceptos es el llamado “Dilema del Prisionero”. En este ejemplo, dos personas son detenidas por la policía por el mismo delito y están arrestadas en habitaciones separadas sin poder hablar entre ellas. A los dos se le hace la siguiente oferta: Si ninguno de los incrimina al otro, sólo los podrán detener por cargos menores y cumplirán una condena mínima . Si A acusa a B, pero B no acusa a A, A saldrá libre sin cargos (por su colaboración) mientras que B sufrirá la pena completa. Si los dos se acusan mutuamente, ambos sufrirán un poco menos de la pena completa.

¿Qué debe hacer el prisionero? Lo importante aquí es que el prisionero no sabe qué va a hacer el otro. Tiene dos opciones: acusa al otro o no lo hace. El otro prisionero tiene las mismas opciones.

El prisionero podría razonar así:
“Pongamos que el otro no me acusa:
Si yo no lo acuso a él, me caerán cargos menores. Si le acuso, yo saldré libre. En este caso me conviene acusarle.”
“Ahora pongamos que el otro me acusa:
Si yo no lo acuso a él, me caerá la pena máxima. Si le acuso, rebajaré un poco la pena.”
“Haga lo que haga el otro, yo salgo mejor parado si le acuso.”

El razonamiento del prisionero en cuestión es impecable. El razonamiento del segundo prisionero debería ser un reflejo de éste: así que lo se espera de dos individuos racionales, preocupados por sí mismos y sin comunicación entre ellos es que ambos se acusen mutuamente, sufriendo cada uno la segunda peor condena de las posibles.

No hace falta ser muy perspicaz para ver que la solución en la que ninguno delata al otro les beneficia a ambos mucho más que la de acusarse mutuamente. Sin embargo, esa solución no es un “equilibrio de Nash”, al contrario que la otra, porque, suponiendo que estas dos personas se pudieran poner de acuerdo para no acusarse, cada uno seguiría teniendo la posibilidad de traicionar su acuerdo ya que eso le supone una mejora (salir libre en vez de con cargos menores). Y si uno piensa que puede traicionar al otro, enseguida piensa que el otro puede hacerlo también: y si el otro le traiciona y le acusa y él no lo hace, entonces sufrirá el peor castigo.

En otras palabras: el “pacto” es endeble pues ambos pueden beneficiarse de romperlo.

Normalmente las diferentes posibilidades se ponen en una tablita:

B calla B acusa a A
A calla A: -1, B: -1 A: -20, B: 0
A acusa a B A: 0, B: -20 A: -15, B: -15

Se asignan unos valores numéricos a los diferentes resultados de manera que se pueda ver qué resultados son mejores que otros (lo de maximizar las ganancias)

En este caso, en vez de ganancias hablamos de pérdidas (por eso el valor negativo) pero la idea es la misma. El mejor resultado posible es 0 (salir libre) y el peor es –20 (digamos que estar 20 años en la cárcel).

La mejor estrategia individual lleva a la solución –15, -15. Individualmente es la segunda peor de cuatro (0, -1, -15, -20). Colectivamente, es la peor: al final entre los dos cumplirán 30 años (-2, -20, -20, -30). La mejor solución colectiva es –1, -1, donde entre los cumplirán dos años.

Este juego tiene la particularidad de que desmiente el postulado keynesiano (en el cual está basado el liberalismo económico actual) que afirma que cualquier grupo de personas actuando libremente (sin normas del gobierno), de manera racional (inteligentemente) y egoísta (buscando la máxima ganancia individual) al final obtienen como resultado colateral las mejores decisiones para el grupo (las máximas ganancias colectivas).

Esta situación es un perfecto contraejemplo que invalida dicha afirmación.

Ahora que hemos visto, a modo de ejemplo introductorio, el dilema del prisionero, veamos el “dilema del partido político”.

Postulemos dos partidos políticos (A y B), siempre los mismos, aspirando al gobierno en cada ocasión posible (situación bastante parecida a la realidad). Digamos que las ganancias cuando no se está en el gobierno son 0, las ganancias cuando se está en el gobierno cumpliendo los deseos del pueblo son 1, y no cumpliéndolos (lo llamaremos “hacer trampas”) son 3.

La mejor estrategia una vez en el poder evidentemente es hacer trampas, ya que 3 es mayor que 1. La mejor estrategia estando en la oposición es aparentar que no se van a hacer trampas, para poder ganar las elecciones y pasar de ganancia 0 a ganancia 1 ó 3. Esas son las mejores opciones individuales, sin coordinación entre los partidos.

Ahora veamos casos simultáneos:

El caso en que tanto A como B no hacen nunca trampas, es bastante trivial. Cada uno puede ganar o perder casi con igual probabilidad, obteniendo una ganancia de 1 cuando ganan y una de 0 cuando pierden. La ganancia media, a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente largo, sería de 0,5 para cada uno.

Pongamos que A siempre hace trampas y que B nunca las hace (al menos, en principio). Las ganancias de A siempre son 0 ya que nadie les vota, puesto que hay una opción mejor, que es B, y las ganancias de B, que siempre gana y nunca hace trampas, son en cada legislatura 1. La ganancia media de A sería 0 y la ganancia media de B sería 1.

Pongamos que los dos hacen trampas. Cada uno puede ganar o perder con casi igual probabilidad, obteniendo una ganancia de 3 cuando ganan y una de 0 cuando pierden. La ganancia media sería de 1,5 para los dos.
Este juego así modelizado no tiene una “solución”, lo que se llama una “estrategia dominante”. Veamos:

Si mi oponente hace trampas y yo no, gano 1
Si mi oponente hace trampas y yo también, gano 1,5
Si mi oponente no hace trampas y yo sí, gano 0
Si mi oponente no hace trampas y yo tampoco, gano 0,5

La opción que maximiza los beneficios no es siempre hacer trampas o no hacerlas. Se puede ver que el algoritmo a seguir es hacer siempre lo mismo que el otro, con lo cual la mejor opción depende de lo que vaya a hacer el otro.

Así que, asumiendo que un partido no tiene ningún poder ni influencia sobre los actos del otro, la estrategia consiste en “donde fueres, haz lo que vieres”.

Sin embargo, este último enunciado no es totalmente cierto. Nada impide a un partido hablar con el otro e influir sobre su comportamiento, por una razón muy sencilla: existe una solución óptima conjunta, y es que los dos acuerden siempre hacer trampas, ya que es la situación conjunta en la que se obtiene la mayor ganancia.

Se puede comparar este juego (hasta cierto punto) con el “dilema del prisionero”. En ambos juegos, la mejor estrategia cuando no se sabe lo que va a hacer el oponente no es la misma que cuando se puede intercambiar información con el oponente.

Una vez establecida la estrategia conjunta de que los dos hagan siempre trampas, sí que se alcanza un estado de equilibrio, ya que si uno de los dos rompiera el pacto y empezara a dejar de hacer trampas, pasaría de una ganancia 1,5 a una ganancia 1, con lo cual ninguno de los partidos tiene motivos para cambiar de estrategia.

Por supuesto todas estas conclusiones son válidas para los parámetros que se han establecido, y cambiar estos parámetros puede suponer que las conclusiones sean otras.

Así que la principal crítica a este desarrollo sería la elección arbitraria de los valores 0, 1 y 3 para estar en la oposición, no hacer trampas y hacer trampas.

Sin embargo estos valores son bastante “defendibles”. Se puede demostrar matemáticamente que este juego ofrece las mismas conclusiones para cualquier valor de “hacer trampas” superior a 2. Es bastante evidente que el gobierno que no está en el poder no tiene demasiadas opciones de ganancia, por ello el cero. Los miembros del gobierno que está en el poder reciben sueldos (1, que representa la ganancia básica). Los miembros del gobierno que están en el poder y “hacen trampas” reciben sueldos y además el dinero de la corrupción (que suele ser muy superior a sus sueldos).

Siempre que asumamos que ser corrupto suponga más del doble de ganancias que no serlo (lo cual no es algo demasiado difícil de concebir) hemos de aceptar las conclusiones anteriores como ciertas.

Podemos resumirlo como: “Si la corrupción permite a un partido obtener al menos más del doble (en un sistema bipartidista) de ganancias que la no-corrupción, el sistema evolucionará a un estado de equilibrio, con beneficios máximos, en el que los dos partidos acordarán permitir la corrupción del contrario”

Parece ser matemáticamente inevitable una vez establecidos los parámetros iniciales. Está bastante claro que el comportamiento de los partidos está determinado por la gran ganancia que supone usar el poder de estar en el gobierno para obtener beneficios. ¿Se podría eliminar ésta “tentación”?

La solución obvia (y casi imposible, como todas las soluciones obvias) es acabar con la corrupción, de manera que tanto hacer trampas como no hacerlas supusiera una ganancia 1 estando en el poder. Esta situación evolucionaría a dos posibles estrategias óptimas: los dos partidos haciendo trampas siempre, o los dos partidos nunca haciendo trampas. En ambos casos la ganancia de cada partido sería 0,5.

Sin embargo la solución óptima de “ambos hacer trampa” no es una situación de equilibrio, ya que el partido que empiece a dejar de hacer trampa va a mejorar sus ganancias, pasando de 0,5 a 1. Una vez hecho esto, el otro partido está forzado también a dejar de hacer trampas para no quedarse con 0 y llegar de nuevo a 0,5. La solución “ninguno hace trampa”, pese a tener las mismas ganancias que la de “los dos hacemos trampa”, sí es una situación de equilibrio.

Esto demuestra, según la teoría de juegos, que eliminar la corrupción efectivamente corrige la tendencia a hacer trampas (o sea no seguir los deseaos del pueblo) de los partidos políticos.

Por supuesto, eliminar la corrupción no tiene nada de sencillo. Veamos otras alternativas:

¿Y si subimos el sueldo de los políticos? Pongamos que en vez de tener ganancia 1 estando en el poder, les damos ganancia 4, de manera que “hacer trampas” pierda parte de su encanto.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la corrupción sigue siendo posible, de manera que si hacemos que estar en el poder sin hacer trampas tenga valor 4, estar en el poder haciéndolas pasa a tener valor 6 (misma corrupción pero más sueldo base)

¿Corrige esto la tendencia?

Si ninguno hace trampa: ganancia 2 de media
Si los dos hacen trampa: ganancia 3 de media
Si A hace trampa y B no: ganancia de 0 para A y 4 para B

Lo mejor en este escenario es no hacer trampa y que tu adversario sí. Pero como no puedes elegir qué va a hacer ese adversario, esta situación no se va a dar, ya que el adversario no va a elegir voluntariamente la opción que le da 0 ganancias. Si tu adversario ve que no vas a hacer trampa, no tiene otra opción que, a su vez, tampoco hacerlas.

Por fin, vemos que el estado de “ninguno hace trampa”, sin ser la mejor solución común (que sería hacer los dos trampas), sí es un estado de equilibrio. Descolgarse de este estado supondría, al partido que lo hiciera, reducir sus ganancias. El estado “los dos hacemos trampas” no es un estado de equilibrio, porque empezar a “ser bueno” hace que las ganancias del partido en cuestión pasen de 3 a 4.

Entonces ¿Esta es la solución?

Pues sí y no. ¿Cuánto “costaba” un partido político en la primera situación, en la que su sueldo era 1? ¿Y en la otra, en la que su sueldo es 4?

Suponiendo la situación de equilibrio en cada caso, el partido que estuviera en el poder en el primer caso (corrupto) costaba 3. En el segundo caso, el partido en el poder, (no corrupto) cuesta 4.

Se elimina la corrupción, sí, pero a un coste mayor que el propio coste de la corrupción. No parece tampoco una solución deseable.

¿Existe alguna otra solución? Para un sistema bipartidista, yo no he sido capaz de encontrar ninguna.

El problema parece residir entonces en la propia existencia del bipartidismo, así que habría que plantearse otras alternativas. Esto lo veremos en próximos ensayos.

Democracia

Otro viejo ensayo que ve la luz en este blog: Qué es para mí la democracia y por qué pienso que NO vivimos en un estado democrático.


DEMOCRACIA :

Esta palabra viene del griego y significa “Gobierno del Pueblo”.

Existen otras definiciones, como la norteamericana, que equipara Democracia a Capitalismo (de manera que, según esta definición, Democracia y Comunismo son antónimos), pero va ser la definición primera la que analicemos por ser la más comúnmente aceptada en nuestro país.

Básicamente es un concepto de gobierno comunal, opuesto al gobierno de un líder solitario. Por gobernar vamos a entender tomar decisiones que afectan al conjunto de la comunidad. Cuando el propio pueblo toma las decisiones, hablamos de democracia. Cuando no es el pueblo, sino una persona (o un grupo reducido, cualquier subconjunto diferente de la totalidad), no es democracia.

“Líder Solitario” parece un término un poco arbitrario, pero voy a usarlo por conveniencia debido a los múltiples nombres que esta figura puede tener (Alcalde, Archiduque, Ayatollah, Cabecilla, Cacique, Califa, Capo, Caudillo, César, Daimyo, Dictador, Duce, Emperador, Faraón, Führer, General, Gobernador, Gran Hermano, Gran Jefe, Gran Mogol, Gurú, Jefe, Kaiser, Khan, Lehendakari, Maharajá, Papa, Patriarca, Portavoz, Presidente, Primer Ministro, Príncipe, Procónsul, Regente, Rey, Secretario General, Shah, Shogun, Soviet Supremo, Sultán, Sumo Sacerdote, Virrey, Voivoda, Zar)

Básicamente la diferencia es que en democracia las decisiones las toman un grupo de personas (idealmente TODAS las personas) mientras que en “lo otro” (nuevamente hay muchos nombres para esto) las decisiones básicamente las piensa una persona, persona que tiene una autoridad o poder especial para poder imponer estas decisiones. No necesariamente de manera única y personal, muchas veces apoyado por algún grupo de consejeros o delegado en estos. Pero de manera que la “carga”, la responsabilidad, pertenece en última instancia al líder único.

Esa autoridad o poder pueden venir de diversas fuentes: aclamación popular, votación, conquista militar, herencia directa o convenciones culturales (Por ejemplo. el líder es el más viejo de la aldea, o el que tiene más vacas)

En todo caso, sea cual sea el método de legitimación del líder, si quien gobierna es este líder y no el pueblo, no podemos hablar de democracia, atendiendo a la definición de la palabra.

Gobernar implica decisiones y actos, planificación, estrategias y objetivos. No se puede gobernar pasivamente: el gobierno requiere acción por parte del gobernante. Es por ello que pienso que NO es una democracia la simple elección de un gobernante aunque la elección sea democrática, por parte del pueblo. De este sistema vamos a hablar a partir de aquí.

El pueblo elige democráticamente a un líder, pero eso es todo lo que va a hacer respecto al gobierno durante un largo periodo (cuatro años suele ser lo habitual). El pueblo no gobierna: no planifica, no discute estrategias, y en general está totalmente apartado de lo que es el proceso gubernamental en general. El qué se hace no lo decide el pueblo. El pueblo elige a alguien para que tome éstas decisiones, y, a partir de ahí, ya no ejerce ningún gobierno.

El que se haga una elección democrática no implica un gobierno democrático. De hecho, un gobierno democrático no implica necesariamente ningún tipo de elección previa. Dicho de una manera más gráfica: aunque tuvieras la posibilidad de elegir democráticamente entre Austrias o Borbones, eso no significaría que no vayas a acabar en un reino y con un rey. Igualmente, un dictador golpista podría gobernar de manera democrática, si cada acción que hiciera la consultara previamente al pueblo.

De hecho el pueblo carece de mecanismos de control efectivo sobre la acción de sus gobernantes: aunque estos decidan ejecutar una medida altamente impopular, el pueblo no tiene poder efectivo para parar esa acción.

Por otro lado, las acciones de los gobernantes no se conocen con antelación a su elección. Pese a que antes de ser elegidos los candidatos suelen ofrecer un programa electoral, éste suele ser muy vago, e incluso cuando este programa se incumple de manera incuestionable, eso tampoco implica ninguna consecuencia directa para el gobernante.

Toda la reacción posible del pueblo gobernado se halla concentrada en la decisión si, tras el periodo de gobierno de un partido político/facción, en la que hay que valorar todo lo bueno y malo que ha hecho en cuatro años, ver si se decide volver a confiar en el mismo gobernante o se confía en otro nuevo.

Si estamos de acuerdo con el 30% de la gestión que ha hecho un gobierno, pero creemos (sin tener tampoco ninguna seguridad) que sólo estaremos de acuerdo con el 20% de la gestión que va ha hacer otro gobierno, no tenemos más remedio que quedarnos con el primero. No hay manera de influir en las decisiones individuales, viene todo en un pack, se toma o se deja.

No podemos quedarnos con lo bueno e intentar cambiar lo malo. Sólo tenemos la posibilidad de elegir al gobierno que pensemos que menos mal lo va a hacer.

La posibilidad real de formar nuevos partidos políticos o facciones es prácticamente inexistente. Es necesario recoger una cantidad de firmas y una cantidad de dinero como aval que imposibilita a la mayoría de las personas la creación de su propio partido. Por otro lado, el capital que posee un partido le capacita a publicitarse, y cuánto más se publicita un partido, con mayor probabilidad le van a votar. Eso significa que el capital favorece la elección y la falta de él la dificulta o incluso la imposibilita.

Todos estos problemas nos llevan a la siguiente conclusión: aunque la mayoría de las personas de una nación quieran una acción concreta en algún tema, no hay un mecanismo claro en el sistema que permita que esta cosa acabe ejecutándose, ya que no hay garantía de que existirá un partido político que contemple esa acción en su programa, ni garantía de que, existiendo, vaya a cumplirla, ni posibilidad de formar un partido para ejecutar dicha acción. Por todo ello se puede decir que el pueblo no tiene posibilidad de trasladar su voluntad a una acción concreta. En otras palabras, el pueblo no gobierna.

Existen dos objeciones inmediatas a esta argumentación que acabo de presentar.

1) La presión para ser elegido o reelegido es suficiente para que el partido busque adecuar su gestión a los deseos del pueblo
2) Aparte de las elecciones generales, existen otros métodos para, en mitad de un mandato, que el pueblo pueda influir en las decisiones del gobierno

Así es en teoría. Pero en la práctica:

1.1) Cuando no hay una competencia real entre partidos, en el sentido de que ninguno de los que tienen posibilidad de salir elegidos está ofreciendo la posibilidad de ejecutar acciones según los deseos del pueblo (bien por casualidad, bien por pacto entre partidos), deja de haber presión en ese sentido.
1.2) Cuando el control de los medios de comunicación (o de una parte importante) lo efectúa el propio gobierno, éste puede, por un lado, hacer ver que las acciones que realiza son en realidad las que el pueblo quiere, y por otro, influir en los propios deseos del pueblo.
1.3) Ser elegido o reelegido reporta obvios beneficios al partido en cuestión, pero (esto sería un tema interesante para la teoría de juegos) el no cumplir con los deseos del pueblo una vez se está en el poder comporta aún más beneficios.

2.1) Recogida de firmas: a partir de un número (varios miles) de firmas se puede hacer que el gobierno tenga que considerar lo que los firmantes solicitan. Sin embargo la única obligación que tienen es considerarlo y discutirlo, no aprobarlo.
2.2) Manifestaciones: ninguna ley obliga a que a partir de determinado número de manifestantes un gobierno tenga que dimitir. Por otro lado organizar una gran manifestación es complejo, requiere la colaboración y el beneplácito de otros organismos diferentes del pueblo (oposición, sindicatos) e incluso el gobierno en el poder tiene la potestad de decidir si la manifestación es legal o no.
2.3) Con un poco de asombro me he encontrado que, aparte de estos dos métodos, apenas hay ningún otro (hablamos de métodos para que el pueblo influya en el gobierno en medio de un mandato, otros sujetos diferentes del pueblo sí tienen otras vías)

Realmente sólo existe la iniciativa o amenaza de no votar a un partido si hace determinada cosa. Pero
a) la gente olvida enseguida, sobre todo si los medios de comunicación apoyan al gobierno
b) a veces nadie llega a saber que lo que el gobierno ha hecho
c) el otro partido seguramente haría lo mismo
d) como ya se mencionó, puede que determinada acción no guste, pero quizá otras del mismo gobierno sí, con lo que al votante se le plantea el dilema de usar el “voto de castigo”, dejar de votar a un partido que por lo demás es su preferido, para que “aprenda”, o no hacerlo, ser consecuente con lo que piensa y seguir votando a su partido, debido a que se sigue considerando que el otro partido es peor en general
e) la gente tiende a identificarse con un partido u otro, y raramente cambia su voto independientemente de lo que hagan los partidos

Las argumentaciones anteriores son para demostrar que el sistema de gobierno del Reino de España (recordemos que es una monarquía parlamentaria), al igual que los sistemas de gobierno de la mayoría de los países, no se puede llamar democracia atendiendo a la propia definición de la palabra.

La siguiente parte de este ensayo entrará en una parte más especulativa, en la que se indagará las razones por la que la democracia raramente se usa (si es que se ha usado alguna vez en la historia de la humanidad) como sistema de gobierno pero, a pesar de ello, casi todos los gobiernos gustan de autodenominarse democráticos. También se verán las características de un gobierno unitario, de una democracia “actual” y de una hipotético democracia “real”.

Se verá también si la democracia “real” es posible, y si lo es, en qué circunstancias. También se verá qué diferentes aproximaciones a la democracia se pueden abordar cuando la democracia “real” no sea posible o poco conveniente, y compararemos la aproximación actual a la democracia con otros posibles enfoques.

La Subcontratación en el Grupo Tragsa

¿Recordáis la noticia?
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gobierno-insta-ingenierias-publicas-ceder-mercado-privadas/20091026cdscdiemp_5/cdsemp/

He aquí un pequeño ensayo sobre las razones que han llevado a esta psicodélica situación, escrito ya hace bastante pero oculto hasta ahora:

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El Dr. Jaus presenta su nuevo ensayo clínico:

SIEMPRE ADITIVO, NUNCA SUBSTRACTIVO
o
LA MALDICIÓN DE LA PALABRA PROGRESO
o
POR FAVOR DEJEN DE TIRAR MI DINERO


El mundo es complicado.

No sabéis cuantísimo siento tener que daros esta mala noticia. Sé que todos nosotros aspiramos en algún momento a una vida simple, un trabajo honrado, tiempo libre para el ocio y poco más. A vivir y dejar vivir.

Siento comunicaros que esa opción sencillamente no existe. Lo que más se le parece es cerrar los ojos a la realidad, simplificarlo todo, generalizar abusivamente, copiar los prejuicios de tu vecino, no pensar, no fijarse y no hacerse preguntas. Quien opte por esa opción, y que conste que me parece una opción tan respetable como cualquier otra, no hace falta que siga leyendo. Son 11 páginas, así que podría entenderlo.

Trataré ahora de explicar una serie de conceptos que, pese a lo que podáis creer, van a influir en el trabajo de cada uno, y por tanto, la vida de cada uno. Las cosas que afectan nuestra vida tienden a ser interesantes, ¿no?

Empecemos por lo básico y por lo que todo el mundo sabe (o debería de saber). En España hay dos tipos de empresa: empresa pública y empresa privada.

Vale, vamos mal. Éste es un perfecto ejemplo de mal comienzo provocado por las prisas.

Tenemos que ir aún más atrás, hacia lo aún más básico. Empecemos de nuevo: en España tenemos tres “mundos” laborales distintos:

• La función pública (funcionarios, interinos, profesores...). Trabajan para el estado. Entran por oposición o por concurso-oposición (un día hablaremos de eso). Cobran del estado y su trabajo consiste en ofrecer servicios a la ciudadanía.
• La empresa. La empresa tiene dos partes: unos propietarios y unos trabajadores. A veces alguna persona puede ser ambas cosas, pero lo corriente en una S.A. es que no haya ninguna relación entre unos y otros. Cuando hablemos aquí de empresa hablaremos de S.A. porque ese el tipo de empresa en el que estamos. En principio (luego veremos excepciones) una empresa se funda porque los accionistas, es decir, los propietarios, desean ganar dinero.
• El autónomo. Él es su propia empresa, su propietario y su empleado. Hoy no toca hablar de él.

Las empresas y los autónomos desean ganar dinero. Bueno, precisemos eso. TODO el mundo desea ganar dinero, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Un trabajador “corriente”, uno que trabaje asalariado en una empresa, ofrece un trabajo y a cambio recibe un salario, y de esa manera obtiene los ingresos que necesita. Un accionista posee dinero previamente (no vamos a preguntarnos aquí porqué) y desea aumentarlo por medio de inversiones. Una posible inversión es una empresa. El trabajador consigue dinero a cambio de trabajo, el accionista consigue dinero a base de invertir su capital con un cierto riesgo.

En un mundo perfecto, este sistema sería válido, sería suficiente. ¿No? Los empresarios dan dinero a los trabajadores por su trabajo, éstos hacen ganar dinero al empresario, y todos pagan impuestos al estado. Y el estado paga a funcionarios para que den servicios públicos a todos.

Para este texto, vamos a partir de la hipótesis de que el esquema así descrito podría funcionar realmente (para lo cual nos deberíamos preguntar cómo es el que dinero parece que se forme espontáneamente, pero esa es otra historia y será narrada en otra ocasión).

Pero, pero, pero... oh, sorpresa, como seguramente ya esperabais que os anunciara, el mundo no es perfecto.

La función pública desde su inicio empezó a tener serios problemas. Supongamos que llamamos democracia al hecho de que cabe la posibilidad de que el gobierno cambie cada cuatro años, habitualmente de entre dos posibles opciones. Bajo este supuesto, aquí estaríamos en democracia. Los gobiernos, por tanto, alternan, y cada uno tiene cierto estilo o manera de hacer las cosas, de acuerdo con su agenda ideológica del momento. Los medios de que disponen los gobiernos para hacer las cosas que hacen son los trabajadores de la función pública, o sea, los funcionarios.

Los funcionarios son personas y las personas tienen tendencia a alinearse en grupos de opinión (mayormente clubes de fútbol, estilos musicales y partidos políticos). Una práctica poco respetable de los primeros gobiernos democráticos era, que cada vez que había una alternancia en el partido en el poder, se despedía a todos los simpatizantes del partido anterior y se sustituían por simpatizantes del nuevo. Como previamente el partido anterior había hecho lo mismo, cada vez que cambiaba el partido en el poder había una sustitución prácticamente completa.

Claro... eso tenía sus problemas. Con tanto cambio, las cosas no salían, incluso con buena intención. Con mala intención, que era lo más corriente, la persona a la que echaban no le facilitaba precisamente la transición al nuevo que entraba, más bien quemaba los documentos y escondía las llaves.

A alguien se le ocurrió una posible solución para solucionar este problema: los funcionarios no pueden despedirse.

Uno se preguntará porqué se adoptó una medida tan radical. Podría pensarse que es más lógico que no se puedan despedir “porque sí”, pero que hay que permitirlo en casos justificados. Supongo que la explicación es que, en el momento en que se establecen criterios para el despido, sean cuales sean, se crea la oportunidad de manipular los hechos para justificar lo que en principio no se puede justificar. Como todos los partidos políticos no se fiarían de que los demás no usaran esos métodos (ya que ellos mismo los usarían llegado el caso) se acordó la prohibición simple y llana. Yo no te fastidio a ti si tú no me fastidias a mí.

En este punto diréis algunos que esto es mentira, que sí que se puede despedir a un funcionario, que por Dios qué cosas digo. Bueno, sobre el papel, quizá, pero aquí os tengo que revelar una nueva verdad sobre el mundo: no todas las normas están escritas. Si tenéis dudas, buscad casos concretos de funcionarios despedidos, a ver cuantos encontráis.

Más verdades sobre el ser humano: si una persona cobra x por trabajar, pero también cobra x por no trabajar (¡no le pueden despedir!), tiende a NO trabajar. Que quede claro que esto no es un defecto del funcionario sino del ser humano en general. Y que, por supuesto, hay excepciones. Por eso he dicho que “tiende” y no que “implica”.

Un inciso: Generalizar siempre tiene el problema de las excepciones. Pero generalizar es útil: quizá no todas y cada una de las abejas de una colmena piquen, pero la frase “las abejas pican” me parece una generalización bastante útil que me indica que va a ser mejor que no meta el brazo hasta el hombro en el panal.

Así que cada vez atribuya a “las empresas”, “los funcionarios”, “las personas”, etc... alguna característica, o diga que hacen o dicen algo, no quiero decir “todas las empresas”, “todos los funcionarios” ni “todas las personas”. Ni siquiera quiero decir “la mayoría de las empresas”, ni “la mayoría de los funcionarios”, ni “la mayoría de las personas”. Lo que quiero decir es algo así como “un número de empresas (funcionarios, personas...) suficiente como para sea significativo el siguiente efecto que ahora paso a describir”.

Vuelvo al ejemplo de las abejas; la frase “las abejas pican” no quiere decir que el 100% de las abejas piquen, ni tampoco necesariamente que hay más abejas que piquen que abejas que no. Lo que quiere decir es que “hay un número suficiente de abejas que pican como para que el miedo a ser picado sea un miedo razonable con un efecto mensurable”. Como esto es muy largo, en este texto diré “las abejas pican”, esperando que ninguna abeja se ofenda, ahora que he explicado qué quiero decir cuando generalizo.

Bien, hemos llegado a una función pública con una tendencia a no trabajar o a trabajar menos que si su sueldo dependiera de ello. Como es de esperar, llegamos a una administración ineficiente. Los gobiernos tienen que hacer sus cosas, para eso se supone que están ahí, pero se encuentran con que las personas que tienen que desarrollar en la práctica sus decisiones no siempre responden con la prontitud deseada. A veces porque ese es el hábito que han adquirido, a veces porque no son simpatizantes del partido que está en el poder e intentan sabotear en la medida de sus posibilidades estas decisiones.

En política, y esto es otra gran verdad que quiero dar a conocer al mundo, y el motivo del título de este ensayo, nunca se soluciona un problema corrigiendo el error de base que lo ocasionó, sino añadiendo algún tipo de parche para solucionar sus síntomas más graves. Leed nuevamente la frase porque quiero que la entendáis bien y la recordéis siempre:

“En Política, nunca se soluciona un problema corrigiendo el error de base que lo ocasionó.”

La explicación de porque sucede esto es discutible, pero en mi opinión es que el añadir leyes, el añadir normas, el añadir excepciones, la adición, en suma, se interpreta desde la población general como un “progreso”, mientras que la vuelta a un estado anterior se interpreta como un “retroceso”. Los conceptos subjetivos de “avance”, “progreso”, “evolución”, “futuro”, “ir hacia delante” son los preferidos para las campañas políticas ya que también son los favoritos de la gente. Un partido que promulgara que su intención es volver al mismo estado en el que se estaba hace ocho años sería difícil que ganara unas elecciones, a pesar de que quizá esa opción pudiera ser la mejor de las posibles en ese momento. Es irracional, pero es. Este tema merece ser tratado con más profundidad en ulteriores análisis.

Aparte de la explicación sociológica anterior, cuando el mismo gobierno que generó un problema es el mismo que intenta resolverlo, el poner parches tiene la ventaja de que el gobierno en cuestión se libra de tener que reconocer un error en su propia gestión. Y todos sabemos que los gobiernos no son muy amigos de ver la viga en el propio ojo.

Así que la solución que se adopta no es la de volver al estado anterior en el que se podía despedir a un funcionario y buscar otra alternativa de solución (puesto que se vería como un “retroceso”, opuesto al “avance” que fue el hacer esa norma), sino aumentar el número de funcionarios con la esperanza de que, a pesar del coste que esto tiene, un mayor número de funcionarios podrá seguir el ritmo que quiere imprimir el gobierno en sus acciones.

Esta solución, a pesar de se ha venido aplicando a discreción (España tiene una proporción de funcionarios por ciudadano cuatro veces mayor que, por ejemplo, Japón, llegando a ser casi el 50% de la población activa en comunidades como Extremadura y Andalucía), resultó ser insuficiente.

La segunda solución o parche que se intentó fue (nuevamente, el parche no sustituye al parche anterior, sino que se añade encima sin quitar el otro), contratar (con dinero del estado) empresas privadas para la ejecución de las acciones del gobierno o al menos de algunas de ellas, sobre todo donde la situación y la urgencia no hace recomendable dejar esta acción en las manos del funcionariado. La empresa que debe ejecutar las obras se decide mediante un concurso público, de manera que se elige a la empresa que puede efectuar la obra requerida por el menor precio, al menos en teoría.

Sin embargo esta solución tampoco pudo aplicarse a todas las situaciones, porque recordemos que las empresas privadas tienen como objetivo el ganar dinero. La administración está gestionada por funcionarios, que, recordemos, tienden a la ineficiencia. Esto ocasiona importantes retrasos por parte de la administración a la hora de los pagos, y las empresas privadas pueden perfectamente optar por no trabajar para la administración para no endeudarse más allá de lo admisible.

Por otro lado, la concesión de obras a las empresas ha sido, desde que apareció esta figura, el hecho que más ha facilitado la corrupción de los políticos y funcionarios, puesto que estos tienen la facultad de poder elegir a la empresa ejecutora, y la empresa ejecutora (que, recordemos de nuevo, está para ganar dinero) puede considerar conveniente (rentable) el sobornar a la persona o personas responsables de la adjudicación. Pese a que sobre el papel la empresa se elige de manera objetiva (la más barata), hay unas cuantas técnicas para poder influir en esta decisión.

No voy a presentar una lista completa de maneras de conseguir un chanchullo, porque entonces este pequeño escrito pasaría a ser una enciclopedia. Sólo voy a dar un pequeño y simplón ejemplo:

Quiero favorecer a la empresa X. La empresa X lo sabe, de hecho me ha prometido cierta cantidad si sale ella elegida. Me llegan ofertas de las otras empresas. Le comunico a la empresa X cual es la menor de esas ofertas. Justo a punto de acabar el plazo de presentación de ofertas, la empresa X mejora la mejor oferta hasta el momento, aunque sea por un poco. La empresa X es elegida. La empresa y yo sabemos que el presupuesto no se va a cumplir, de hecho ya hemos hecho los cálculos del presupuesto real final y lo que se tiene que llevar cada uno. Haremos que surjan complicaciones que retrasarán la obra y obligarán a ampliar el presupuesto inicial, ahora ya sin molestos concursos.

Si leéis periódicos, quizá os suene determinado tipo de titular, puesto que aparece con bastante frecuencia: “la obra x, presupuestada en 1000 millones, al final va a costar 5000 millones”

De hecho, parece que sea absolutamente imposible que alguien acierte con un presupuesto en este país. ¿Alguien ha leído alguna vez este otro titular: “la obra x se ha completado en plazo previsto y con el presupuesto inicial”? Yo no, al menos. Sea cual sea el presupuesto, el coste real siempre se acaba incrementando en un 300-500%. O bien absolutamente todos los ingenieros de este país son unos incompetentes, o bien este incremento sistemático del coste está originado por otra cosa.

Así que la nueva solución es incompleta y genera sus propios problemas: si la obra es poco deseable para la empresa privada, puede que el estado no encuentre ninguna empresa que quiera efectuar el trabajo, pero si la obra es muy deseable, fomenta la corrupción. Por otro lado, incluso funcionando bien, tiene un importante coste adicional que tiene que salir, como siempre, de los impuestos (o del endeudamiento del propio estado, pero eso es otra historia que debe contarse en otra ocasión).

Corroborando mi teoría de la incapacidad absoluta de la clase política de enmendar errores, no se consideró que esta idea andaba errada, sino que simplemente necesitaba unos retoques más para llegar a ser perfecta.

Así llegamos al siguiente parche y al primer híbrido, ideado como solución de compromiso para este problema. Dado que el gobierno sigue necesitando que alguien ejecute sus decisiones en un tiempo prudencial (antes de que sean las próximas elecciones, preferiblemente), y que a veces no puede confiar en que exista una empresa privada que quiera ejecutar el trabajo, ni tampoco en los funcionarios, se crea la figura de la empresa pública.

Esta empresa pública funciona como una empresa privada con la salvedad de que su accionista principal (o único) es el propio estado. Sin embargo, los trabajadores y la empresa en sí no forman parte de la función pública y están regulados tal como se hace con la empresa privada. Al ser el estado la mayor (o única) parte del accionariado, puede influir en las decisiones de la empresa, sobre todo a la hora de decidir aceptar o no un trabajo, y a qué precio cobrarlo.

Los trabajadores de la empresa pública, por tanto, no son funcionarios, o al menos no es necesario que lo sean. Pueden ser despedidos: sus ingresos dependen pues de que hagan el trabajo eficientemente, como en la empresa privada, o al menos así es en principio.

Las finanzas de una empresa pública son un poco más complejas que las de la empresa privada. La empresa privada vende sus productos, alguien los compra (si quiere) y así obtiene el dinero para pagar sus propios gastos y, presumiblemente, obtener beneficios, que se reparten entre los accionistas.

La empresa pública no suele funcionar así, y de hecho sería un poco irregular que así fuera. Se supone que los ciudadanos pagamos unos impuestos, que, gestionados por el gobierno, se convierten en una serie de servicios. Si nos cobraran por vendernos estos servicios, entonces estaríamos pagándolos dos veces.

He usado “cobraran”, pero quizá no sea el tiempo verbal adecuado. A veces sí cobran por el servicio, como por ejemplo en el transporte público, pero el si deberían cobrarlo a parte o no casi lo vamos a dejar como tema de discusión para otra ocasión, para no alejarnos mucho del tema principal.

Bien, la empresa pública, en su funcionamiento “general”, por así decirlo, obtiene el capital necesario para su funcionamiento de dinero del estado (dinero que recordemos ha recaudado previamente para este fin mediante los impuestos). A veces directamente, mediante una partida presupuestaria, pero las más de las veces de manera indirecta, mediante el sistema de que la empresa “cobre” por sus servicios a los ministerios (o cualquier otra subdivisión del estado) que le encomienden el trabajo, como haría una privada.

Este mimetismo con la empresa privada se origina de que, ya en ese momento, la tendencia general del pensamiento es asociar lo privado con la eficiencia y lo público con la ineficiencia. Así que una empresa pública que copie “muchas” cosas de la empresa privada se va a ver como algo positivo, (¡sí, un “progreso”!) aunque no necesariamente lo que se copia sea lo que realmente hace que la empresa privada sea eficiente.

Así que ya tenemos trabajadores que ofrecen servicios a la ciudadanía, y que pueden ser despedidos. Aunque para llegar a eso se haya conservado intacta la estructura ampliada de funcionarios, que siguen sin poder ser despedidos. Sin embargo veremos que, pese a ello, no se alcanza la eficiencia.

Aunque la motivación del trabajador de la empresa pública puede ser el mismo que el de la empresa privada, la motivación del accionista no lo es. Recordemos: en la empresa privada, el accionista es el propietario y quien se embolsa los beneficios que genere la empresa. Los beneficios aparecen porque otras entidades (“clientes”, “compradores”) diferentes del accionariado pagan por los productos que ofrece la empresa.

La motivación del accionariado (que transmite a su vez a los gerentes, estos a los mandos intermedios y estos a los trabajadores) es ganar el máximo dinero posible, lo cual pasa por intentar vender lo más posible, lo cual pasa por que los productos sean percibidos por los compradores como mejores que los de la competencia, lo cual pasa, normalmente, por hacer que esos productos sean realmente mejores que los de la competencia, lo cual pasa por ser más eficiente que la competencia.

La existencia de compradores externos, la existencia de competencia, y el objetivo último de maximización de beneficios son características que orientan a la empresa privada a la eficiencia. Ninguna de esas características tiene un peso importante en la empresa pública.

Estaremos todos de acuerdo en que si el propio accionariado tuviera que comprarse a sí mismo los productos que genera, no ganaría ningún dinero. Más bien lo perdería, debido a los costes de producción.

Así que ¿cuál es la motivación del accionariado de la empresa pública? Estos accionistas no son personas que se pueden llevar los beneficios en cualquier momento y usarlos para comprarse un coche, un chalet o un equipo de fútbol. Son divisiones del estado, son ministerios, consellerias, ayuntamientos, institutos, etc. El estado, desde que en la revolución francesa cayeron unas cuantas cabezas, no debería tener un interés especial en ganar dinero: el dinero que le llegue es el que la gente está dispuesta a dar a cambio de los servicios que necesita. Un dinero así “ganado” es un dinero no reinvertido, es un dinero cobrado al ciudadano que no se convierte en servicio, así que es un dinero inútil en el mejor de los casos, (impuestos demasiado altos para nada) o un dinero perdido en el peor de los casos (corrupción).

Al final, la respuesta es que la motivación del accionariado público para la eficiencia suele ser nula. A su vez, la motivación que el accionariado transmite al gerente, normalmente funcionario o político, suele ser nula y/o interesada partidistamente.

Finalmente, la falta de motivación de la cima se acaba transmitiendo a las capas inferiores, con lo que las empresas públicas acaban siendo también menos eficientes que las empresas privadas, pese a haber “copiado” ciertos aspectos de la empresa privada, como por ejemplo la posibilidad real de despido.

Elucubremos un poco: Una empresa poco eficiente es más cara, ya que necesita más recursos para conseguir el mismo resultado que una empresa más eficiente.

Como resulta que la empresa pública es más cara, una empresa privada podría verse ahora tentada a ofrecer unos servicios que antes no quería ofrecer, pidiendo a cambio más dinero del que hubiera pedido anteriormente, pero costando de todas maneras menos que la empresa pública creada para tal fin.

Si el método de elección de empresa es el concurso, entonces la empresa que ofrezca el menor presupuesto será quien se lleve la adjudicación. En este escenario, las recién creadas empresas públicas corren el riesgo de convertirse en inútiles, debido a que no pueden competir en precio con las privadas, de manera que puede que nunca les llegue ninguna adjudicación.

Una empresa pública que no efectúa ningún trabajo, pero que sigue costando dinero público, no suele ser buena publicidad para la gestión de un gobierno. Cerrarla y que la gente se vaya al paro tampoco da buena publicidad. Por otro lado, abolir el sistema de concurso a la hora de conceder adjudicaciones, tampoco sería bien visto, ya que se pasaría de un sistema que se percibe justo a otro que se percibiría arbitrario. Y un político, como ya se ha dicho, nunca abole nada. Añade cosas.

La siguiente capa de la lasaña, y el segundo híbrido resultante, es la idea de empresa pública que además es “medio propio” de la administración. Sigue siendo una empresa pública, con las características ya descritas de ese híbrido, pero con unos condicionantes nuevos: Primero, que no se puede negar a realizar ningún encargo que le mande la administración. Segundo, que no puede trabajar para nadie más que para la administración. De estas normas podéis deducir que las empresas públicas que no son medio propio sí pueden negarse a hacer encargos, y pueden trabajar para contratadores privados. Olvidemos eso por ahora. Tercero, no participan en concursos de adjudicación, sino que el trabajo a realizar se les adjudica directamente.

A pesar de ello, la empresa pública medio propio sigue teniendo los mismos defectos que la empresa pública “normal”, así que sigue sin ser eficiente. Pero gracias a la adjudicación directa, recibe encargos a pesar de ello, a pesar de que quizá otra empresa privada lo podría hacer más barato.

Hay un criterio para decidir si determinado trabajo hay que sacarlo a concurso o ha de hacerlo una empresa medio propio, y ese criterio suele ser la urgencia del trabajo y/o la inexistencia de empresas públicas o privadas que puedan o quieran efectuar dicho trabajo. Pero es un criterio muy subjetivo, y por tanto, muy flexible.

Fijaos en cual es el estatus de un trabajador que trabaja en una empresa pública medio propio de la administración: Uno, sólo trabaja para el estado. Dos, no puede negarse a trabajar para el estado. Tres, ofrece servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo... no es un funcionario, pese a que un funcionario también tiene esas mismas tres características. Tenemos aquí que hemos creado un nuevo trabajador para un trabajo que ya existía. Hemos creado al funcionario despedible, pero no modificando el estatus de los que ya habían, sino creando una estructura paralela.

Encima se ha creado empleo, así que todos contentos. Los gastos se han cuadruplicado, pero ¿quien se fija en esas cosas? Se quita un poco de sanidad y otro poco de educación y arreglado. O nos endeudamos un poco más, todo tiene solución...

Uno perfectamente se puede hacer la pregunta: Si trabajo para el estado, no ocasionalmente, sino el 100% de las veces, si el estado es quien me manda directamente qué trabajo es el que tengo que hacer... ¿por qué no soy funcionario?

La respuesta, si habéis leído lo anterior, debería ser bastante clara. Un funcionario no es eficiente, ya que su nivel de ingresos no está vinculado de ninguna manera a su rendimiento. Todas estas vueltas se han dado para conseguir un trabajo un poco más eficiente. Por el procedimiento de siempre añadir y nunca quitar, claro.

El contrasentido de todo esto es que al añadir capas y capas, todas con su propio coste, la eficiencia global en realidad disminuye más y más: obtenemos pocos servicios por nuestros impuestos, debido a que seguimos pagando a todas las partes implicadas, las productivas y las que no lo son.

Tras este largo prólogo, veamos que pasa en Tragsa:

Habíamos llegado a un punto en que la administración estaba considerando todas las actuaciones a realizar como “urgentes” (recordemos lo del criterio) así que ha usado mucho más la adjudicación directa que el concurso público.

En otra ocasión hablaremos de las razones no económicas y las situaciones que hacen que a veces la administración prefiera contratar a sus medios propios antes que a empresas privadas. De momento admitimos sin más el hecho objetivo.

Este aumento de la adjudicación directa, añadido a la crisis económica general, ha ocasionado que las empresas privadas hayan reducido su cartera de clientes considerablemente. Su nivel de negocio peligra.

Las empresas privadas poseen organizaciones sectoriales, llamadas patronales, que agrupan los intereses comunes de estos colectivos.

Las patronales han presionado a la administración para que no use tanto la adjudicación directa desde hace años. Concretamente, desde que se inventó esto de la adjudicación directa y del medio propio. Recordemos: empresa privada, objetivo: ganar dinero.

Sin embargo, pese a que Tecniberia (patronal de nuestro sector) ha venido haciendo esta petición desde que existe Tragsatec (dos décadas), de repente, el gobierno ha decidido escucharla. Bueno, a esta patronal y al resto, ya que es algo que afecta a todo el grupo Tragsa. Los motivos de este cambio no los tengo todavía madurados así que no los discutiremos aquí de momento.

Y para confirmar mi teoría del añadido infinito... la solución del gobierno para estos pedigüeños de Tecniberia (que empiezan a parecerse cada vez más a la SGAE) no ha sido evidentemente volver a un estado anterior en el que los trabajos estaban mejor repartidos entre adjudicaciones directas y concursos. No. La solución política ha de consistir en mantener lo que hay, añadiendo otra vuelta de tuerca, una nueva norma, una nueva excepción, un nuevo lo que sea. Para qué simplificar, pudiendo complicar: en este caso se mantiene el uso (o abuso) general de la adjudicación directa, pero con el compromiso por parte de la empresa pública medio propio de la administración de subcontratar a las empresas privadas hasta el 50% del trabajo en cada proyecto.

Así que habían quejas porque habían demasiadas adjudicaciones directas. Resulta que van a seguir habiendo las mismas, pero ya no se quejan. Curioso, ¿no?

Francamente, si el objetivo del gobierno es conseguir un sistema que sea tan complicado que nadie pueda entenderlo, y, que por tanto, nadie pueda criticar, he de decirles que, pese a que aún no lo han conseguido del todo, van por el buen camino. Mis más sinceras felicitaciones.

Yo por mi parte, en las próximas elecciones, no voy a votar ni a derechas ni a izquierdas, ni a liberales ni a intervensionistas. No voy a votar a nadie que me hable de progreso, ni de consenso, ni de ampliaciones, ni de ajustes, ni de sintonizaciones: voy a votar a quien proponga de verdad revisar todos conceptos desde cero y esté dispuesto a sacrificar todo aquello que sea inútil. Si es que hay un partido político así, claro. Yo siempre he pensado que cuando a unos pantalones le pones tantos parches que hay más parche que pantalón, quizá sea el momento de comprarse otro.

Puede que para un partido político tener ideas demasiado radicales sea peligroso. Pero ser demasiado poco radical (y buscar solo el parche temporal, el apaño rápido, la solución de compromiso, el café para todos, la igualdad en la mediocridad, que no te odie nadie a expensas de que nadie te quiera mucho, jamás buscar la raíz del problema para que nadie se ofenda) quizá sea igual de malo o, a la larga, incluso peor.


Recapitulación:

Situación: el gobierno necesita una administración eficiente que desarrolle sus decisiones y ejecute sus mandatos

Problema: si cada vez que cambia el gobierno cambian los funcionarios, la administración no es eficiente

Parche #1: Los funcionarios no se cambian bajo ningún concepto

Nuevo problema: El funcionario individual, al saber que su puesto y sus ingresos no corren ningún peligro bajo ninguna situación, pierde la motivación para ser eficiente. La administración es ineficiente.

Parche #2: Aumentamos el número de funcionarios

Nuevo problema: Se ha alcanzado un número de funcionarios tal, que, si se aumenta aún más, no será posible recaudar impuestos suficientes de la ciudadanía para pagarles a todos, y sigue sin solucionarse el problema de la ineficiencia. No podemos despedir a los funcionarios (debido al parche #1), así que nos tenemos que quedar con todos los funcionaros anteriores y además con los nuevos. Más dinero de los impuestos.

Parche #3: Permitimos que cosas que hasta ahora eran competencia del gobierno y/o de la administración sean realizadas por empresas privadas. El estado pagará a empresas privadas para que les solucionen los temas en los que no son capaces de apañarse.

Nuevo problema: (Obviando el tema de la corrupción, ya que según para quien, es un problema o una virtud) Las empresas privadas no siempre están dispuestas a colaborar, así que este parche no soluciona totalmente la problemática. Más dinero de los impuestos.

Parche #4: Creamos el primer híbrido, algo que no es ni función pública ni iniciativa privada, y lo llamaremos empresa pública. Son como empresas privadas, pero en las que tenemos la mayoría en los consejos de administración, así que podemos evitar que la empresa diga que no acepta el trabajo. Además, mi mujer siempre me ha dicho que le encantaría dirigir una empresa.

Nuevo problema: Estas empresas funcionan fatal, los consejos de administración ni se presentan a las reuniones, y además ahora mi propia mujer me dice que no quiere hacer proyectos para el estado porque no pagamos a tiempo. Nadie supervisa a los trabajadores, ni al supervisor de estos. Encima, como sale tan caro hacer las cosas con esta empresa, no hay manera de hacer que gane un concurso de adjudicación ni de casualidad cuando se presentan otras empresas a concurso. Más dinero de los impuestos.

Parche #5: Creamos el segundo híbrido. Una empresa a medida, que no se tiene que presentar a concurso para llevarse una adjudicación, que no puede negarse a trabajar, que no puede preferir trabajar para otros. Se cambian todas las leyes que hagan falta. Además ésta la montamos nosotros ya desde el principio: el otro día me enseñaron un PowerPoint donde se explicaba como funcionaba una empresa y no parece tan complicado. Mira, yo seré el presidente, tú podrías ser el secretario general y tú el jefe de concursos humanos, digo, discursos humanos, recursos rumanos... bueno, ya sabéis... esos que meten miedo al currito para que no se duerma. Dejamos de ser funcionarios pero no os preocupéis, que nuestros contratos serán blindados.

Nuevo pseudo-problema: Las empresas privadas, acostumbradas a los tiempos en los que hacían grandes proyectos para el estado, miran con avaricia el dinero que se trasvasa del estado a las empresas medio propio. Además, desde el punto de vista del corrupto, el medio propio favorece el nepotismo (colocación de familiares y amigos) pero dificulta la corrupción de toda la vida, que es mucho más lucrativa.

Parche #6: Se decide que el medio propio ha de subcontratar a dedo el 50% de cada asistencia (que previamente el estado le ha adjudicado a dedo). Más dinero de los impuestos. Fin de los concursos.

Por fin se han conseguido todos los objetivos:

*corrupción: sencilla y sin tener que amañar concursos
*nepotismo: fácil y sencillo, y además ahora hay más empresas a elegir donde colocar al cuñado
*trabajadores: los tenemos bailando entre empresas indefinidamente, sin que adquieran ningún derecho en ninguna. Así pueden ser permanentemente temporales sin que tengamos que cambiar ninguna ley más. Baratos de conseguir, baratos de despedir.
*y el trabajo del estado, hecho, con un coste mínimo, sólo el cuádruple de lo que debería ser: en vez de pagar sólo al funcionario, hay que pagar al funcionario, al de la empresa pública, al de la empresa privada y a los que maquinan estos engendros.

Parche #7: Quizá sería un buen momento para subir los impuestos, aquí en la caja empiezan a haber telarañas.

Para finalizar, un consejo para al gobierno: Cojan una partida de dinero de nuestros impuestos, y regálenla (sí, así como suena) directamente a las empresas privadas de Tecniberia. Así el resultado será exactamente el mismo, con la diferencia de que no se perjudicará al trabajador.

Y deberes para casa: Si mi solución, pese a ser absurda, es mejor que la del gobierno, ¿cuán absurda es entonces la solución del gobierno? Pensad en ello.

Hasta el próximo diferencial.

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Y no, no soy neoliberal